El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por el delito de administración fraudulenta de los $360 millones que el Estado entregó a la organización y a la cooperativa El Resplandor Limitado a través del programa Potenciar Trabajo. Según el fallo, que le dictó además un embargo de $390 millones, una parte de los fondos otorgados fueron desviados para fines partidarios.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la indagatoria del exsecretario de Economía Social Emilio Pérsico, investigado de haber actuado en complicidad con el líder del movimiento piquetero, ya que sostiene que existió "una matriz de corrupción" que operó desde marzo 2020 hasta diciembre de 2023. 

Con respecto al procesamiento de Belliboni, la Justicia recabó pruebas suficientes que demostrarían que el Polo Obrero desvió una parte de los fondos asignados a la asistencia social hacia una red de empresas que se habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar de esa forma el destino final del dinero. En este marco, Casanello dictó también el procesamiento de otros 16 integrantes de la organización, acusados de extorsionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo.

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En el escrito, Pollicita expuso una acción coordinada con el objetivo de desviar millones de pesos del programa a las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Limitado, sin documentación que los ampare. Para eso, analizó cinco convenios firmados y  determinó que se asignaron fondos públicos sin conocer los proyectos en los que el Estado invertiría.

En cuanto a la indagatoria solicitada a Pérsico, el fiscal consideró que los funcionarios "actuaron en forma coordinada" con los dirigentes del movimiento piquetero. "La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del exministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente", señaló en el escrito citado por la agencia Noticias Argentinas.

"Se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde -al menos- marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023", advirtió sobre el accionar de los funcionarios de la secretaría de Economía Social, "que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social".

Según denunció, "bajo el paraguas de un acuerdo de impunidad, los responsables de las Unidades de Gestión del Polo Obrero, por un lado, y las autoridades públicas, por el otro, incumplieron con las obligaciones legales que el programa les imponía en relación a la rendición de cuentas sobre los fondos públicos entregados en carácter de subsidio a los primeros, evidenciando el desinterés en torno al destino de los fondos".