La Justicia de Entre Ríos rechazó este miércoles un hábeas corpus que la defensa de Sergio Urribarri había presentado con el objetivo de que le concedan la libertad, por lo que el exgobernador de la provincia litoraleña seguirá detenido en el marco de la megacausa por corrupción en la que había sido condenado en 2022.

Según trascendió, la jueza de garantías Carola Bacalluzzo sostuvo en su declaración que la medida pedida debía ser denegada "ya que no se verifica ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 32 de la ley 8369" de Procedimientos Constitucionales.

El mencionado apartado establece que el procedimiento de hábeas corpus corresponde aplicarse "cuando se denuncie un acto, hecho u omisión de autoridad pública o de un particular" que implique, entre otros, la "privación, restricción o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente" y la "agravación ilegítima de la forma y condiciones" de detención.

TE PODRÍA INTERESAR: Luego de que se levantara el pedido de captura, "Pepín" Rodríguez Simón regresó al país y se presentó ante la jueza Servini

Asimismo, la norma aclara que es aplicable "cuando el magistrado de otra jurisdicción que solicitó la captura de una persona no condenada, no la confirma o no envía la comisión en su búsqueda por vía idónea dentro del plazo de 12 (doce) días corridos de haber sido remitida la comunicación del arresto".

En este marco, al no tratarse de ninguno de esos escenarios, Bacalluzzo determinó que el recurso solicitado por la defensa de Urribarri era improcedente, ya que el hábeas corpus "no autoriza a sustituir una decisión de los jueces naturales".

El exgobernador -quien era cercano al kirchnerismo y durante la Presidencia de Alberto Fernández fue embajador en Israel- fue detenido este martes en la ciudad de Concordia. Su arresto se concretó luego de que la Cámara de Casación Penal de Paraná dictara la prisión preventiva efectiva en su contra, ya que en 2022 fue condenado a ocho años de prisión por cinco causas de corrupción.

La Justicia de la provincia litoraleña comprobó que el exmandatario empleó en forma ilegal fondos públicos para financiar sus campañas electorales, entre otras maniobras, mediante un contrato de imprenta y publicidad. 

La captura de Urribarri, quien fue trasladado a la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana, se dio a conocer a través de un escrito de 74 páginas en el que Casación revocó un fallo del Tribunal de Juicio que le había impuesto otras medidas restrictivas.

El documento, firmado en forma unánime por los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, recae también contra el exfuncionario Juan Pablo Aguilera, condenado a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El escrito dispone "hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución de fecha 05/09/2024, dictada por el Tribunal de juicio y apelaciones de Paraná, y en consecuencia, disponer la prisión preventiva efectiva de los imputados Sergio D. Urribarri y Juan Pablo Aguilera, hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza".