¿Qué es más importante para el Gobierno: la coparticipación o los traslados de los jueces? ¿Cuál de esos dos temas responde mejor a la agenda del oficialismo? ¿O son acaso dos situaciones que responden a distintos sectores del Frente de Todos?

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Lo que tienen en común estos dos temas es que ambos serán definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que enfrenta, a su vez, sus propios ruidos internos. El tema coparticipación llegó la semana pasada al cuarto piso de Tribunales motorizado por un Horacio Rodriguez Larreta que no está dispuesto a perder dinero que considera un derecho adquirido.

La situación de los traslados rechazados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli parece que se llevó todas las luces y las “antorchas” de la marcha que se hizo ayer frente al Palacio de Tribunales. Está claro que una minoría bulliciosa no es representativa ni tiene demasiada influencia en un posible fallo pero hace el ruido necesario para que se vea amplificado en ciertos canales de comunicación.

Que la relación entre integrantes de la Corte es tirante no es novedad ni tampoco es algo exclusivo de los últimos años. El Tribunal tiene su propia grieta y quedó evidenciada en la cantidad de “comentarios” que se “filtraron” a partir de la llegada del per-saltum de los rechazados. Que iban a tratar el tema, que no, que estaban encubriendo, que se preparaban para convalidar la actuación del Senado.

La audiencia virtual de esta semana fue tensa: no hubo acuerdo ni en el qué ni el cómo de la situación de Bruglia y compañía. Apenas terminó, el juez Carlos Rosenkrantz llamó (bah, mando un mail) a un acuerdo extraordinario para que todos los integrantes resuelvan por lo menos algo de esta situación. Esta facultad es una de las pocas cosas que quedó como exclusiva de la presidencia del Tribunal: muchas de las funciones que antes tenía quién ocupaba ese lugar fueron recortadas y moldeadas después de su llegada. Una devolución de favores cortesía de Ricardo Lorenzetti.

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El único voto que parecería estar cantado y en dirección a lo que quieren los rechazados es el de Rosenkrantz. A varios de sus colegas les molestó bastante el hecho de que el presidente tribunalicio saliera a afirmar en los medios que iban a resolver la cuestión porque era de gravedad institucional. Lo sintieron como “una marcada de cancha”. También lo relacionaron con un dardo hacia Lorenzetti, otro más en el marco del enfrentamiento que mantiene desde que Rosenkrantz le arrebató la presidencia al rafaelino, hace ya dos años.

Justamente en 2018 fue que salieron las dos acordadas sobre el tema traslados, en pleno auge macrista. Allí, la postura de Rosenkrantz fue bastante más amplia que la de sus colegas, más laxa en cuanto a las situaciones y los requisitos que habilitan un traslado. En los papeles, ese mecanismo es excepcional: no es que antes del gobierno de Mauricio Macri no se hicieran traslados solo que en los últimos cinco años se realizaron varios de manera bastante alevosa.

A diferencia de 2018, donde se trató esto por la vía administrativa, acá hay un caso. La duda es si están los votos para aceptar el per-saltum o si corresponde ya que estrictamente se habla de anular el proceso de revisión del traslado activado por el Consejo de la Magistratura. Una cuestión que parece técnica pero que no lo es tanto: en la vida real fuera del expediente, esa situación quedó vieja y ya hay decretos del Poder Ejecutivo que convalidaron la actuación legislativa.

La opción que puede dilatar aún más los tiempos es esperar que el trámite judicial que interpusieron los jueces (el común y corriente) siga su ruta. Esto es que la Cámara Contencioso Administrativo Federal tome una decisión y recién ahí todo el caso llegue a los escritorios de los miembros de la Corte mediante un recurso extraordinario.

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Existen múltiples aristas que se desprenden de este conflicto. Si los jueces convalidan el rechazo del Senado, ganarán oficialmente el desprecio de la oposición que esta semana los “exhortó” (porque “presionó” quedaba feo) a que resolvieran la situación y le dieran la razón a los trasladados. ¿Existe la posibilidad de un fallo salomónico? Comodoro Py parece haberle dado la espalda a los tres jueces: no existió un apoyo explícito ni una protección.

El Máximo Tribunal gusta siempre de ser árbitro de los conflictos. Sabe esperar y sabe también moverse en el árido terreno de los medios y la política. Cierto es también que el timing lo manejaba mejor Lorenzetti que Rosenkrantz, a quien el macrismo apoyó pero que no pudo empoderarlo como deseaba. Sus contactos con el anterior oficialismo fueron criticados por sus pares no porque ellos no tengan sus diálogos con distintos sectores políticos sino porque consideraron que fue demasiado evidente.

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Si bien el tema traslados domina ahora la agenda, la coparticipación es la batalla final. Allí los apuros no corren y dependerá de todos los integrantes la velocidad que quieran imprimirle a la cuestión. ¿Será en 2021 la resolución, en pleno año electoral? Las internas de la Corte pueden influir en el trámite pero el Gobierno sabe que, por ahora, juega a oscuras. Los diálogos con el cuarto piso de Tribunales son inexistentes: no hay interlocutores oficiales para acercar posiciones.