El juez federal en lo contencioso administrativo Martín Cormick aprobó este jueves un pedido de organizaciones sociales para habilitar la feria judicial y hacer cumplir un fallo que obliga al Gobierno nacional a distribuir alimentos en los comedores, en una causa que involucra a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En su fallo, el magistrado señaló que tomó la decisión al único "efecto de proseguir con la tramitación del cumplimiento de la medida cautelar resuelta en la causa", que fue emitida por su par Walter Lara Correa

La solicitud, realizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a cargo de Juan Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), reclamó que "ordene al Estado Nacional de manera preventiva que mantenga las políticas alimentarias vigentes y asegure su ejecución siempre que se verifiquen los requisitos normativos esenciales que deben reunir los destinatarios, hasta tanto se resuelva el presente proceso constitucional".

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En este marco, Cormick consideró que la cautelar tenía que ser concedida "pues en el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial".

La medida interpuesta el pasado 13 de julio por Lara Correa a raíz de una acción colectiva iniciada por la UTEP y el CELS -a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, Abogados por la Justicia Social (AJUS) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)- ordena al ministerio de Capital Humano que garantice la continuidad de los programas alimentarios que brindan los comedores comunitarios.

Al respecto, el magistrado advirtió que se encuentra "en riesgo" el derecho a la alimentación de amplios sectores sociales, y sostuvo que el mismo "se apoya en distintos planes y programas que requieren la articulación y coordinación con provincias y municipios y no sólo a través de la transferencia directa de ingresos a las familias".  

El conflicto entre Pettovello y Grabois inició a fines de mayo pasado, cuando el dirigente social denunció la existencia de varias toneladas de alimentos no perecederos retenidos en los galpones del ministerio de Capital Humano en la localidad de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Tafí Viejo, en Tucumán