Dos fiscales y un juez que en los próximos meses podría llegar a ser su jefe administrativo si siguen en esas funciones, fueron noticia relevante esta semana por diferentes motivos y sin desmerecer el trabajo diario de cientos de colegas que deben resolver litigios todos los días.

Lo más importante es lo del juez, que en tres o cuatro meses puede llegar a ser el procurador general de la Nación, es decir el jefe de todos los fiscales. De Daniel Rafecas hablamos. Y de reformas judiciales anunciadas también. ¿Habrá gran reforma o sólo aceleración de una importante ya en marcha?

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Los dos fiscales en funciones que fueron noticia por distintos motivos son Carlos Stornelli y Félix Crous. El primero fue procesado el miércoles por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por la presunta comisión de los delitos de coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público por violación de la ley de Inteligencia, al considerárselo miembro de una asociación ilícita liderada por el detenido espía y falso abogado Marcelo D’Alessio.

No está de más recordar que Stornelli es uno de los “peso pesado” de Comodoro Py, que es fiscal aún antes de que la Justicia federal penal se trasladara a ese edificio del barrio de Retiro, en 1994, que luego fue ministro de Seguridad bonaerense y que, terminada la licencia política, volvió a los tribunales y acabó enlodado en una causa de espionaje que muy probablemente tenga que ver con lo que él argumenta en su defensa: que lo quieren sacar del caso de “los cuadernos”.

Lejos de una grave imputación penal, Crous fue elegido por el presidente Alberto Fernández para encabezar la Oficina Anticorrupción (OA), el organismo dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, y que no sólo supervisa el cumplimiento de la normativa atinente a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos -léase presentación de declaración jurada de bienes y eventuales incompatibilidades-, sino que también denuncia y querella en varias causas penales.

De inocultable perfil público afin al kirchnerismo, Crous será el jefe de una oficina cuya inmediata antecesora -Laura Alonso, de inocultable pasado macrista dado su previo rol parlamentario en representación de PRO- acaba de ser procesada penalmente por su desempeño en esas tareas; y organismo que actualmente participa como querellante en casos de corrupción ventilados en juicios orales y públicos, y con ex funcionarios kirchneristas en el banquillo de los acusados.

“En realidad, nosotros nos guiamos más por lo que pide la Fiscalía que por la querella”, dijo a este cronista un juez de un tribunal oral de Comodoro Py en referencia a la importancia de los acusadores en un juicio. La pregunta fue a propósito de un eventual giro copernicano en la postura de la OA en los juicios contra ex funcionarios kirchneristas ante el recambio de gobierno.

Félix Crous, el elegido para la Oficina Anticorrupción.

Ahora bien. Dicho esto, las fiscalías, si prospera la propuesta del flamante Presidente de la Nación en el Senado, estarán todas ellas a cargo dentro de tres o cuatro meses de Rafecas. Será el procurador general. Es un cargo casi administrativo. Se supone que el procurador no influye en un fiscal de primera o segunda instancia, que tiene autonomía funcional para llevar su caso de acuerdo a su parecer, el Derecho, la ley y los lineamientos generales que propone el procurador.

Así fue, al menos, cuando el procurador era Esteban Righi y no intervino para evitar que el fiscal Carlos Rívolo le pidiera al juez Rafecas allanar un departamento en Puerto Madero donde surgieron evidencias para condenar al entonces vicepresidente Amado Boudou por el escándalo del salvataje de la empresa calcográfica Ciccone. La historia es conocida: Boudou acusó públicamente a Righi de tráfico de influencias, por la presunta intervención del estudio de abogados de su familia en el caso, y éste renunció sin que la entonces presidenta Cristina Fernández lo evitara.

“¿Qué querían? ¿Que llamara al fiscal? ¿Que llamara al juez? ¿Que influyera en ellos?”, le preguntó Righi a este cronista tiempo después de salido del cargo. Alberto Fernández se declaró discípulo académico -sino de la vida ética ciudadana- de Righi y lo mencionó emocionado al final de su discurso de asunción como Presidente de la Nación. Righi está muerto. Pero ambos, Fernández y Righi, fueron vitales a la hora de promover a Rafecas como juez federal hace una década y media, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

La historia viene a cuento de que ahora Fernández propuso a Rafecas como procurador general de la Nación, y probablemente lo sea, pese a alguna resistencia radical en el Senado por la llamada “causa de la Banelco”, su debut en las grandes ligas de Comodoro Py, como si hubiera estado destinado para ocupar el juzgado en el que estaba esa vieja causa que al final, a la hora del juicio, terminó en la nada​: no se probó delito alguno. Pero viene a cuento también de algo que apenas se mencionó al pasar en esta columna la semana pasada.

La gran reforma de la Justicia federal anunciada por Fernández en el Congreso hace diez días no será algo grandilocuente ni novedoso -según lo que pudo sonsacar este cronista de diversas fuentes- sino la aceleración de la entrada en vigencia en todo el país, incluida la provincia autónoma de Comodoro Py, del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que les da el poder de las investigaciones a los fiscales y se lo quita a los jueces. Nada mejor y más lógico para ello que iniciarlo con un nuevo procurador, que a la vez, es un viejo conocido.