Mientras crece el escándalo a su alrededor por la denuncia de violencia de género que radicó en la Justicia su expareja Fabiola Yañez, la otra causa que pesa en su contra en los Tribunales Federales por irregularidades en la gestión de seguros avanza y complica cada vez más al expresidente Alberto Fernández.

Los investigadores del caso en el que está implicado por aparentes gestiones ilícitas que permitieron concretar millonarios contratos durante su mandato, encontraron en uno de los teléfonos secuestrados conversaciones del extitular de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), Roberto Gilbert, con el entonces jefe de Nación Seguros, Alberto Pagliano, que comprometen al exmandatario y sus funcionarios. 

Una serie de cambios incluidos en un decreto presidencial en aquel momento habrían habilitado el negociado, en el que también parece haber jugado un rol importante la exsecretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra.

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El expediente vinculado con los seguros -que fue además el disparador de la denuncia de Yañez ante el hallazgo de conversaciones en las que ella indicaba ser víctima de violencia- tiene en la mira el decreto 832 publicado el 2 de diciembre de 2021 en el Boletín Oficial, el cual le entregó el monopolio de todos los organismos públicos a Nación Seguros. 

Los chats encontrados en el celular de Pagliano, revelan una gestión subrepticia en torno a un artículo clave, referido a los productores de seguros o "intermediarios", del que habrían participado miembros del gobierno de Fernández.

Sobre todo, llama la atención una extensa conversación entre Pagliano y Gilbert, quien intervino en las gestiones para impulsar un borrador del decreto y tenía vínculo directo con el entonces Jefe de Estado y reportaba al titular del Gabinete Juan Manzur.

"La realidad que se clavó el decreto allá en el jefatura (de Gabinete) de mierda. Y quería chusmear nada más. Igualmente, ya hablé con Alberto y me dijo se iba a ocupar del tema", reveló uno de los audios que le envió Pagliano al entonces titular de la ONC.

El 12 de noviembre, casi dos semanas antes de la publicación del decreto, los mismos interlocutores celebraron vía WhatsApp que el borrador del proyecto ya hubiera sido enviado a la secretaría Legal y Técnica. "Me alegra mucho. Hablemos para hacer cosas que nos sirvan", indica entonces Gilbert al entonces titular de Nación Seguros. Ese documento revela que había un artículo, el número 3, que luego fue borrado por la Secretaría a cargo de Ibarra.

Ese apartado establecía: "En caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros o sociedades de productoras asesoras de seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, el titular de una unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad de nivel equivalente de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la ley 24.156 comunicara por nota a Nación Seguros dicha decisión".

Pagliano y Gilbert se vuelven a contactar el 2 de diciembre, día de la publicación de la norma: "Felicitaciones. Y lo que hablamos, nos tenemos que ver papi. Esto tiene que ser para que la administración pública, vos, yo, los amigos, hagamos las cosas bien, laburemos. Es. Bien, bien, bien Alberto. Y me gusta haber sido parte de esto. Hay un dictamen mío firmado ahí ¿Eh? ¡Qué grande!", festeja el titular de la ONC. Pagliano advierte que hubo un recorte: "Le sacaron el art. 3 de productores". Pero Gilbert hace otra lectura: "Mejor, lo decidís vos, que más, excelente". Y agrega: "Yo te ayudo si me dejas, podes reglamentar el decreto. Vemos la forma".

Esta normativa es el eje de la acusación contra el expresidente, sobre el que el fiscal Ramiro González reclamó "solicitar a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto n° 823/2021″. La participación de los intermediarios es parte de la investigación judicial, ya que una auditoría reveló que durante los cuatro años de mandato de Fernández se pagaron más de $3.500 millones en comisiones.