En el marco del escándalo de los seguros -desatado tras la detección de irregularidades en la contratación de pólizas durante la Presidencia de Alberto Fernández, quien será indagado el próximo 20 de noviembre-, en las últimas horas trascendieron detalles sobre el destino de las comisiones millonarias investigadas, que incluyen la compra de departamentos, camionetas 4x4 y plateas VIP en estadios de fútbol.

Para la Justicia, el exmandatario, aseguradoras e intermediarios actuaron "mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A.".

En ese mecanismo, que consistía en la designación de brokers de seguros en organismos públicos -quienes recibían comisiones por la intermediación-, al menos USD 17 millones habrían sido desviados a cooperativas de trabajo vinculadas con exfuncionarios y aliados del oficialismo, como "7 de Mayo", "Irigoin" y "Nuestro Lugar".

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Esas entidades habrían comprado luego bienes de lujo como camionetas 4x4, autos de alta gama, departamentos, plateas para presenciar espectáculos en el estadio de River Plate, relojes costosos y viajes a Miami, con los cuales se favoreció al menos un exempleado de Nación Seguros.

Estos datos se desprenden de la citación del juez federal Julián Ercolini para que declaren, entre otros, Fernández, su exsecretaria María Cantero y el esposo de ella, Héctor Martínez Sosa, quien fue directivo de la compañía aseguradora.

La lista alcanza a otras 36 personas involucradas e incluye a otros exmiembros de la empresa, como Alberto Pagliano, Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Mauro Tanos y Federico D'Angelo Campos.

Al respecto, Ercolini advirtió que "la maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros S.A. y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros".