Dentro de los proyectos tratados se encuentra el presentado por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, quien manifestó al respecto que “es muy importante avanzar con esta medida porque eludir el pago de la cuota alimentaria limita las posibilidades de desarrollo de las infancias y adolescencias”.

Por otro lado, el diputado mendocino Julio Cobos, que contaba con otro proyecto en la misma línea, resaltó que esta problemática “angustia a muchas mujeres porque, según las estadísticas, 7 de cada 10 tienen problemas con la cuota alimentaria” y también “perjudica a los hijos en su posibilidad de educarse y crecer con dignidad”.

El objetivo de este proyecto de Ley es brindar una solución al problema social generado por aquellas personas que incumplieron una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente de prestar alimentos a hijos o familiares. Quienes se encuentren en el ReUDAM, que estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, no podrán acceder a una serie de acciones y trámites, como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte, entre otros.

La iniciativa plantea que las consecuencias que la identificación de los deudores pueden producir intenta disuadir para que se cumplan los fallos porque esta problemática, como también señaló Moreau, “afecta también a las mujeres en su posibilidad de ejercer una vida autónoma, dado que en ellas cae toda la responsabilidad física y económica”.