En el marco de la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, la exprimera dama Fabiola Yañez debía comparecer este martes ante la Fiscalía española y entregar su celular para que fuera peritado, pero se ausentó. Horas más tarde, publicó -con grandes letras blancas sobre un fondo negro- un inquietante mensaje en su cuenta Instagram: "Tengo miedo".

"Yo más", posteó minutos después en la misma red social su examiga Sofía Pacchi, quien debe declarar como testigo en el expediente que instruye el fiscal Ramiro González.

Yañez estaba citada a las 10 de la mañana en un domicilio reservado en la ciudad de Madrid, en donde vive, para cumplir con un exhorto del magistrado argentino Julián Ercolini, quien ordenó extraer la información de su teléfono y resguardada en el proceso que investiga presuntos ataques del expresidente a quien fuera su pareja. 

Sin embargo, la también periodista no se presentó en el lugar acordado a la hora prevista y, según informó La Nación, la fiscal española a cargo del caso decidió ir a buscarla a su departamento junto con un equipo especial de violencia de género. Allí, ambas "coordinaron" la entrega del dispositivo para este mismo martes o miércoles, reconstruyeron las fuentes de la querella citadas por el mencionado medio.

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Es decir, la pericia aún no pudo concretarse, pero se haría en el transcurso de esta semana. La  "copia forense" de los datos deberá ser remitida a la fiscalía de González para su análisis, en particular los mensajes entre Yañez y el expresidente.

La solicitud para la entrega del teléfono se firmó luego de que la Cámara Federal porteña rechazara un recurso de queja de la defensa de Fernández, quien se oponía a que el trámite se realizara a la distancia. Luego pidió, también sin éxito, que un perito de parte lo presenciara por videoconferencia, pero Ercolini rechazó el planteo.

El argumento de la representación de quien fuera jefe de Estado entre 2019 y 2023 era que la medida debía llevarse a cabo en territorio nacional para garantizar el derecho a defensa y el "debido proceso" con el fin de "garantizar la integridad de la evidencia", un "mayor control de la cadena de custodia" y minimizar los "riesgos de manipulación o contaminación de los datos".

Aún así, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la pericia en España y advirtieron que "ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable" ni arbitrariedad. "La información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la Justicia, sino en poder de la víctima desde el momento de los presuntos hechos relevantes hasta hoy", señalaron en su resolución antes de subrayar que "la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos es operativa desde que se toma conocimiento de aquellos y se los tiene a disposición".