Aunque el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, dio marcha atrás este miércoles y suspendió la ley marcial que había declarado en medio de fuertes acusaciones a la oposición, que domina el Parlamento, los legisladores decidieron que votarán para someterlo a juicio político, en medio de una situación política caótica ante el veto de la Asamblea Nacional del país asiático a la medida oficial y el ingreso del Ejército al palacio legislativo.

Luego de que el jefe de Estado ordenara la retirada militar del recinto, los legisladores irán en busca del impeachment en los próximos días. En caso de ser aprobado su enjuiciamiento político, Yoon deberá comparecer ante un tribunal constitucional.

El mandatario había expresado que la medida finalmente trunca era necesaria para resguardar a los surcoreanos de las "fuerzas comunistas del Norte" y para "eliminar los elementos antiestatales". Uno de los principales impulsores del plan fue Kim Yong-hyun, quien presentó su dimisión como ministro de Defensa tras la agitación política desatada y se responsabilizó por la acción fallida.

"La declaración de ley marcial del presidente Yoon Suk Yeol fue una clara violación de la Constitución. No cumplió con ningún requisito para declararla", expresó, no obstante, el opositor Partido Democrático en un comunicado en el que apuntó al máximo líder del país. "Fue un grave acto de rebelión y constituye un motivo perfecto para su destitución", agregó.

Se multiplicaron las marchas en distintos puntos surcoreanos que exigen la renuncia presidencial.

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"Hace un momento, la Asamblea Nacional pidió que se levante el estado de emergencia, y hemos retirado a los militares desplegados para las operaciones de la ley marcial. Aceptaremos la petición de la Asamblea Nacional y levantaremos la ley marcial en una reunión del gabinete", enfatizó el líder del Ejecutivo surcoreano, luego de que los parlamentarios se manifestaran casi dos horas después de su anuncio.

La marcha atrás del oficialismo respondió al voto favorable por unanimidad de los 109 de 300 legisladores que habían convocado a una sesión de emergencia para bloquear la ley. Para aquel momento, soldados de las distintas fuerzas habían ingresado al Parlamento.

"A través de esta ley marcial, reconstruiré y protegeré la libre República de Corea, que está cayendo en las profundidades de la ruina nacional", había manifestado el líder del Ejecutivo, que gobierna desde 2022 y en los últimos meses fue muy cuestionado.

Así irrumpió el Ejército surcoreano en la Asamblea Nacional, rompiendo una ventana.

Por su parte, el comandante a cargo Park An-su había ordenado el cierre del Parlamento y había prohibido todas las actividades políticas, incluidos los encuentros de partidos, asociaciones y consejos locales. Además se planeaba ejercer un control sobre los medios de comunicación.

Antes del nuevo anuncio y la retirada oficial, el Ejército había entrado por la fuerza al edificio legislativo. Imágenes de la televisión local mostraron cómo un grupo de soldados rompió la ventana de una de las oficinas para poder ingresar al recinto. Las tropas rodearon todo la propiedad al mismo tiempo que intentaban controlar a cientos de personas que se congregaron en el exterior para protestar contra la resolución, que contemplaba el arresto, detención y registro sin orden judicial para los "infractores" que realicen huelgas o manifestaciones.

Uno de los problemas políticos principales que venía acarreando el Gobierno surcoreano eran los obstáculos en la sanción de una ley de presupuesto para el 2025. El oficialismo acusa a la oposición encarnada en el Partido Democrático, quien tiene mayoría en el Parlamento, de frenar la iniciativa.

"Nuestra Asamblea Nacional se ha convertido en un refugio para delincuentes, una guarida de la dictadura legislativa que pretende paralizar los sistemas judicial y administrativo y anular nuestro orden democrático liberal", indicó Yoon en su discurso.