Las protestas ya llevan dos semanas y media en Colombia. A pesar de que el gobierno de Iván Duque dio marcha atrás con la reforma tributaria que derivó en el estallido social del 28 de abril, el conflicto continuó: disturbios, enfrentamientos, balas y gases lacrimógenos.

¿Pero qué reclama realmente la sociedad? Esta incógnita se transformó en una pregunta para el común denominador de la región. Es que el pueblo colombiano entiende que existen problemáticas anteriores y profundas que la política no atendió.

El proyecto legislativo de reforma tributaria proponía recaudar cerca de 6.300 millones de dólares. No recaía sobre los sectores de más altos ingresos, sino sobre la clase media y los sectores más populares. El plan se basaba en una suba de impuestos sobre los productos de primera necesidad.

Con el aumento de la caja, el objetivo era pagar los compromisos de la deuda, que con la pandemia se disparó. Ese proyecto legislativo, que había sido enviado por el Ejecutivo, fue retirado del Congreso por el estallido social y el impacto que significaba para el flaco bolsillo de la ciudadanía en general. Pese al retroceso de la iniciativa, las protestas continuaron y siguen proyectándose.

Las reivindicaciones se multiplicaron diariamente. El Comité Nacional del Paro, convocantes de la huelga general y representantes de los manifestantes, hizo varios pedidos al gobierno de Duque: en primer lugar, le solicitó que también retire un proyecto de ley que reformula el sistema de salud; en un segundo orden, le demandó una renta básica acorde a la canasta de alimentos durante seis meses para personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. La pobreza en Colombia es 42,5% y la indigencia, de 15,1%.

Otros reclamos se centraron en un mayor acceso a la educación, la defensa sobre la producción nacional, la seguridad alimentaria, y créditos y subsidios para pequeños y medianos productores, al igual que para empresas del mismo tamaño.

Las negociaciones, que contaron con la mediación de la ONU y de representantes de la iglesia Católica, hasta este domingo no arrojaron acuerdos.

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Hay un antecedente similar y cercano en el tiempo en Latinoamérica: es el caso chileno. “No es por 30 pesos, es por 30 años”, era la frase que se repetía en el 2019 en las calles del país trasandino. En aquel entonces, el alza de la tarifa del metro en 30 pesos fue la gota que rebasó el vaso y el presidente Sebastián Piñera no tuvo otra opción que suspender el incremento en el precio del transporte público para calmar las aguas.

Pero los reclamos continuaron por las “deudas sociales” pendientes sobre el sistema de pensiones, la salud, el transporte público, la privatización del agua, la educación y la movilidad social, entre otras.

El presidente colombiano deberá combatir el fantasma que se le cruzó. Por el momento, sigue los mismos pasos que se marcaron en Chile. Por ahora, sólo es intento, ensayo y error.