La mayor parte de los países desarrollados que integran el G20, cuyos mandatarios se encuentran en nuestro país deliberando sobre diversos acuerdos, poseen políticas públicas sobre salud y derechos reproductivos, consolidados en su sociedades.

La presencia de potencias internacionales deja en evidencia la cantidad de accesos a diferentes derechos que aún no poseen diversos colectivos, sobre todo en aquellos donde sus economías son emergentes. 

Este año, el feminismo consiguió que el debate sobre la legalización del aborto llegara al Congreso de la Nación y, a pesar de no haber obtenido los votos necesarios para convertirlo en ley, el debate quedó instalado en la sociedad. Pero, ¿cuál es la situación actual de los países que integran el G20 respecto al aborto? 

Las potencias como Alemania, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia, Sudáfrica y Turquía tienen un acceso amplio para interrumpir de manera voluntaria la gestación.

En el caso de Rusia, sólo tres años después del inicio de la Revolución de 1917, el 18 de noviembre de 1920, el Comisariado del Pueblo para la Salud y la Justicia publicó un decreto sobre la terminación artificial del embarazo.

Mientras tanto, países como Arabia Saudita, Argentina, Corea del Sur, India, Japón y el Reino Unido cuentan con un acceso restringido.

Alemania, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia, Sudáfrica y Turquía tienen un acceso amplio para interrumpir de manera voluntaria la gestación.

En nuestro país, la reforma del Código Penal en el año 1921 estableció los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: “cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer demente o idiota”.

En tanto, Brasil, Indonesia y México no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia. En el caso de los países de América Latina, el continente le debe al feminismo un gran cambio de legislación que permita a las personas, de manera libre y segura, interrumpir de manera voluntaria el embarazo.