El regreso de Alberto, entre la Ley Antinegacionista y el lanzamiento del Gabinete federal

El Frente para la Victoria presentó en 2019 un proyecto para penar a quienes nieguen la dictadura militar.
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En el final de su gira europea, en la ciudad de París, Alberto Fernández recibió un pedido por parte de representantes de organismos de Derechos Humanos: que replique leyes francesas que penalizan el negacionismo con el Holocausto, pero con la dictadura militar argentina, en el territorio nacional. Este viernes, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, recogió el guante y afirmó que una Ley en ese sentido fortalecería la democracia. El Presidente se instaló en la Quinta de Olivos con la promesa de que estudiará la propuesta.

El espíritu es fortalecer la democracia. No va a ser una persecución a las ideologías de derecha, nadie apunta a eso, sino a que haya un consenso social para que nadie pueda avalar tortura, exterminio, violencia institucional como la que hubo a partir de ese golpe de Estado”, sostuvo Pietragalla en diálogo con El Destape Radio, y dejó abierta la posibilidad de copiar la norma extranjera.

“No somos innovadores, son ideas y propuestas que copiamos de democracias que fueron consolidadas en el tiempo como Alemania, Francia, Bélgica, en donde el negacionismo o reivindicar delitos de lesa humanidad o genocidios son sancionados”, agregó.

Una representante de H.I.J.O.S París afirmó en un reportaje con Pagina 12 que el jefe del Estado se comprometió con ellos a estudiar la chance de implementar la iniciativa.

Qué dice el proyecto de ley que presentó el kirchnerismo en 2019

El 11 de julio de 2019, legisladores del Frente para la Victoria presentaron una iniciativa en la Cámara de Diputados para sancionar a personas que nieguen, minimicen, justifiquen o reivindiquen la comisión de delitos de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. Lo denominaron Ley Antinegacionista y en la redacción del texto pidieron una pena de dos meses a dos años de prisión para quienes incurran en dichos delitos.

El anteproyecto, que fue girado a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, pide contemplar a los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional para sancionar a los individuos que transgredan la norma. Además, indica que los funcionarios públicos que hubieren incurrido en los delitos previstos sufrirán inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

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“Hemos visto cómo un grupo minúsculo de personas –muchos de ellos funcionarios públicos- banalizan el número de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, o niegan que haya existido un plan sistemático de tortura, desaparición de personas y de robo de bebes”, apunta el texto, que lleva la firma de Pietragalla.

Reuniones en Olivos y Gabinete Federal en la Patagonia

En plena campaña presidencial, Alberto Fernández anunció en la ciudad de Mendoza que en caso de ganar realizaría, todos los meses, reuniones de gabinete en “capitales alternativas”. Si bien se preveía que la primera parada fuese en Mar del Plata, tras regresar de su viaje a Europa, el destino elegido para lanzar el gabinete federal sería la Patagonia, a fines de febrero.

Las ciudades sureñas que integran el listado de capitales alternativas son Río Grande, en Tierra del Fuego; Caleta Olivia, en Santa Cruz; Comodoro Rivadavia, en Chubut; San Carlos de Bariloche, en Río Negro; y Cutral Có, en Neuquén.

El itinerario del plan “democracia federal” incluye 24 ciudades, que el Presidente se comprometió a visitar en un plazo de dos años. En septiembre, dijo que ese iba a ser el primer decreto que firmaría si llegaba a ser presidente. El proyecto incluye la federalización de la gestión nacional, a partir de la descentralización de organismos del Estado e, incluso, la radicación definitiva de dependencias del gobierno nacional en el interior.