El futuro de la ley del arrepentido: ¿del Ejecutivo a la Corte?
La ley del arrepentido es considerada dentro del oficialismo como uno de sus grandes logros de gestión. Oscar Centeno y José López son algunos de los que, amparándose bajo esa ley, declararon y admitieron haber cometido diversos delitos en causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas. Desde hace algunas semanas (y con la confirmación del resultado electoral) comenzaron a surgir rumores sobre el destino del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que depende del Ministerio de Justicia y engloba a los arrepentidos.
¿Cuál sería el problema? De acuerdo a lo que plantea cierto sector del oficialismo, al cambiar el signo político, aquellos que se arrepintieron están en una situación de “fragilidad”. No son los únicos que lo piensan: hace un mes y medio, Graciela Camaño presentó en Diputados un proyecto para que el Programa dependa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“La protección de testigos y arrepentidos no puede ser un instrumento en manos del gobierno y la política, dado que de ese modo se abre un cause propicio al fracaso de cualquier intento de persecución judicial de las conductas ilegítimas”, dice Camaño.
El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados fue creado por ley en 2003. En ese momento, fue pensado para proteger a personas involucradas en delitos complejos como trata de personas y narcocriminalidad, a cambio de que su declaración ayudara a esclarecer las distintas causas. Bajo el ala del Ministerio de Justicia, tiene distintos grados de protección que van desde un botón antipánico hasta la relocalización de la persona en un domicilio oculto.
En 2016, se incorporó la figura de arrepentido como parte de ese esquema: el que declarara y aportara datos precisos que sirvieran para resolver un delito de corrupción podría verse beneficiado con una reducción de su pena al momento de ser condenado. No todos los arrepentidos entran en el Programa de Protección: el chofer Centeno está dentro, pero la gran mayoría de los arrepentidos en la causa de los Cuadernos, no.
¿Quiénes se encargarían entonces de “velar” por los arrepentidos y por el resto de las personas que están dentro del Programa? Camaño proponía a la Corte como responsable de ello. Los candidatos propuestos por el Gobierno son los jueces de la Cámara Federal de Casación, el tribunal en lo penal más relevante del país. Dentro de Comodoro Py sonaron varias alarmas. ¿Pueden los magistrados que deben revisar la actuación de los arrepentidos ser los que deben custodiarlos y brindarles todas las garantías previstas por la ley? ¿Está dentro de su competencia?
La modificación se haría vía decreto de necesidad y urgencia, lo que también genera polémicas y cuestionamientos. ¿Cuán válido es que, otra vez, se utilice un decreto para modificar una ley?
Mientras tanto, la misma figura del arrepentido está discutiéndose en más de un despacho de Retiro. Si bien los aportes que hicieron, por ejemplo, en la causa de los cuadernos sólo serán validados oficialmente si existe una condena, son varios los jueces y fiscales que creen que la figura del arrepentido se utilizó de manera desprolija y sin tomar los recaudos específicos. Algunos hasta dudan de cómo hará el Tribunal que debe juzgar la causa cuando hay varios “arrepentidos” que se contradicen entre si.
