El día después de las telcos: Clarín amenaza con ir a la Justicia y el Gobierno promete diálogo (y cero pérdidas)

Luego de declarar como servicios públicos a la telefonía, el cable e internet, y congelar las tarifas hasta fin de año, el Presidente y sus funcionarios buscaron enviar una señal de tranquilidad a las empresas. El Grupo respondió con más críticas y advertencias.
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“No estoy en guerra con nadie”. Alberto Fernández intentó enfriar en las últimas horas las tensiones generadas a partir del decreto que declara como servicios públicos a las comunicaciones móviles, la televisión paga e internet.

En ese sentido, el jefe de Estado reconoció que “a Clarín lo puede afectar un poco más (el decreto) porque está en todos esos negocios”, pero que Telefónica o Telecentro “podrían argumentar lo mismo”.

De esa manera, intentó correrse de la discusión con el Grupo, y abundó en problemáticas generales de la industria, como la falta de regulación estatal. En sus palabras, el decreto evita la “cartelización”.

En su afán de tabicar la espiral de la polémica, el mandatario incluso involucró en su decisión al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien conversó acerca de la situación de 6500 chicos sin acceso a los programas de educación virtuales.

“No es contra nadie”

En el mismo sentido que Alberto se pronunció el titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, encargado del área que regula las telecomunicaciones: “Este decreto no tiene nombre y apellido, no es contra nadie”, afirmó.

El funcionario tuvo una intensa gira mediática el fin de semana explicando el alcance técnico de la medida, pero sobre todo, enviando señales de conciliación:

“La idea no es que las empresas pierdan, ni estatizarlas, ni que desinviertan, queremos previsibilidad”.

En Clarín (que reúne a Telecom-Personal, Nextel y Cablevisión-Fibertel) todavía no recogieron el guante, y la molestia parece en aumento. Es que el decreto que congela las tarifas desde el 31 de julio llega cuando las empresas ya habían anticipado subas de precios a sus usuarios.

Al respecto, el holding primero difundió un comunicado de la Asociación de Comunicaciones Móviles que cuestionó el decreto oficial.

Para la GSMA (por sus siglas en inglés), la medida resulta regresiva “en materia de inversión en infraestructura digital y nuevas tecnologías”.

El Grupo publicó también una columna del especialista José Crettaz (ex LA NACION), según el cual el decreto “no traerá ningún beneficio inmediato pero sí muchos perjuicios en el largo plazo”, y amplificó las quejas y declaraciones de quienes se oponen a la medida.

Los ¿próximos? pasos

En el medio del temblor que generó el decreto, el titular del ENACOM anticipó que la implementación se llevará adelante en acuerdo con las empresas, que deberán presentar sus propuestas de suba. En pocas palabras, funcionará como ocurre en otros sectores regulados, “como la medicina privada”.

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En paralelo, el Congreso comenzará el tratamiento con el debate en la comisión bicameral de Trámite Parlamentario y augura aún un largo recorrido de cruces ya que la oposición anticipó faltazo.

El Grupo amaga con ser inflexible e ir a la justicia, pero el Gobierno confía en negociar: una guerra en medio de la pandemia no le conviene a nadie.