Las restricciones anunciadas por el presidente Alberto Fernández hace ya 10 días, más allá de advertir la situación sanitaria de la segunda ola, profundizaron a niveles extremos la grieta entre el oficialismo y la oposición, encarnados en el gobierno nacional -acompañado por el bonaerense- y el porteño respectivamente. Presentaciones ante la Justicia, polémicas en redes sociales y disputas verbales son moneda corriente. Sin embargo, puertas adentro, nadie quiere cortar el vínculo: la pandemia avanza en el AMBA y no consensuar medidas puede salir caro. 

Una de las primeras muestras de inevitable acercamiento la dio Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “Si los casos siguen en un valor alto vamos a tener que tomar más medidas restrictivas”, explicó ante Radio con vos, y agregó que, para hacerlo, van “a hablar con la Provincia y la Nación”. Del otro lado de la grieta -y de la General Paz- el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se mostró en el mismo tono que Quirós: “Ojalá tomemos las medidas en conjunto con el gobierno de la Ciudad, queremos trabajar en ese sentido. De nada sirve que se tomen las medidas más duras de un lado y del otro las decisiones sean más flexibles”, afirmó, en un reportaje con C5N. 

Públicamente, las sendas presentaciones judiciales por las clases presenciales y la coparticipación que llevó a cabo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aparecieron como la manifestación más tangible de los desencuentros. Pero la situación sanitaria, en cierto punto, corre casi al margen de la judicial. Quienes, como Quirós y Bianco, deben gestionar, muestran sus dientes ideológicos, pero cualquier disputa verbal es reducida al mínimo ante lo que resulta inesquivable: ponerse de acuerdo ante la escalada de contagios de coronavirus. Ninguna gestión quiere pagar el precio de equivocarse en un contexto tan hostil. De acuerdo a lo consignado por Infobae, ya se trabaja en un encuentro entre los jefes de Gabinete de Provincia y Ciudad, Bianco y Felipe Miguel. Por supuesto, con la mediación omnipresente de Nación, que tiene a Alberto Fernández y Santiago Cafiero a la cabeza.

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Mientras tanto, en otro plano no menor están aquellos halcones que no ejercen cargo alguno, y pueden valerse de su influencia política casi sin reglas para polemizar, dividir y poner en jaque cualquier acuerdo posible. “Tuvieron un año para adecuar el sistema de salud. No lo hicieron. Ahora, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires interviene el sistema de salud privado y pide suspender cirugías para dar prioridad al COVID. Se meten con la libertad y disponen de nuestra vida”, atacó Patricia Bullrich, presidenta del PRO, en Twitter. De su boca nunca se percibieron aires de acuerdo con el oficialismo. “Deben continuar las clases hasta que la Corte se expida”, expresó, en la misma sintonía. 

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dialogó con La Nación y, si bien no fue tan vehemente como su copartidaria Bullrich, aprovechó para sentar su postura. "Las restricciones que estamos discutiendo nacen en el fracaso del plan de vacunación”, arguyó, y recordó: “Nunca dudé que Fernández y Fernández eran lo mismo".

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Más allá de la guerra pública, la preocupación es idéntica. El AMBA concentra gran parte de los casos de COVID del país, y la ocupación de camas de terapia intensiva es, según el Gobierno, del 76,2%. Un porcentaje que, dicen, está en franco ascenso. El próximo viernes 30 de abril vence el decreto presidencial que contempla las restricciones, por lo que antes de aquella jornada funcionarios opositores y oficialistas deberán, a su pesar, acordar cómo seguirá el asunto. “Necesitamos una medida drástica de por lo menos 15 días, con una muy fuerte restricción de la circulación de las personas, y por lo tanto del virus”, adelantó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien además admitió, en estos términos, que “el AMBA es una única unidad sanitaria”. Resta esperar si de allí saldrá un único paquete de medidas.