Con el fin de abaratar las importaciones de electrodomésticos, bicicletas y otros tantos rubros, a la vez que evitar prácticas desleales, el Gobierno modificó el sistema antidumping, por el cual una empresa local podría solicitar "restringir la competencia de afuera imponiendo una barrera arancelaria extra".

"¿Te molesta tener que pagar una plancha o una bicicleta casi tres veces lo que cuesta en Brasil? ¿Una pava eléctrica o un ventilador el doble que en Chile? ¿Un lavavajilla cuatros veces lo que cuesta en Londres? ¿O el porcelanato un 50% más que en Uruguay? A nosotros y al presidente Milei también. Hoy comenzamos el proceso para desandar estos excesos", celebró en su cuenta de X el ministro Federico Sturzenegger.

"La medida no es más que una manera de darle una pátina de legalidad a lo que no es más que lobby puro y duro. El argumento del dumping es ‘me venden más barato, destruyen la industria local y luego me cobran lo que quieren’. Pero es un sinsentido, ya que solo podría ocurrir si el producto que me venden tuviera un único productor a nivel mundial. La realidad es justamente la contraria. Al imponer el antidumping quedamos presa de un monopolio local que nos cobra lo que quiere", sentenció el funcionario.

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La nueva normativa, formalizada mediante el Decreto 33/2025, dispuso el paso del modelo que regía hasta ayer, con una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas, "a una de 3 años, con una única posibilidad de extensión por 2 años más".

Asimismo, el Gobierno cambió el plazo de las investigaciones previas a la aplicación de los derechos antidumping. "Antes podían extenderse hasta 12 meses, mientras que a partir de los cambios tendrán un plazo máximo de 8 meses", comentó por su parte Luis Caputo.

En cuanto a los trámites, la administración libertaria tomó la decisión de avanzar con una simplificación. "En lugar de presentar la documentación en dos dependencias distintas, ahora se gestionará todo en la Comisión Nacional de Comercio Exterior", precisó el ministro de Economía. 

"La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la subsecretaría de Defensa del Consumidor del ministerio de Economía participarán en los análisis de casos para garantizar que las decisiones consideren tanto el interés público como el de los consumidores", detalló Caputo.

Con esta reforma "se fomenta la competencia, se restituye la función original de los derechos antidumping y se busca un comercio exterior más transparente y equilibrado", añadió.