El fondo inglés Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loretta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012. La solicitud se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país a abonar USD 16.100 millones por aquella acción.

Burford Capital, el ganador y principal beneficiario del juicio, ya había reclamado en febrero pasado información acerca de las acciones de la petrolera en manos del Estado y sobre otras expropiadas a Repsol, así como cuentas y activos valuados en USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y situación de Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y Banco Nación.

La demanda, que ya lleva más de 9 años de trámite y está en proceso de apelación, llegó después de que la magistrada fallara en 2023 en contra del país, al hallarlo culpable por expropiación indebida en 2012, cuando Argentina era gobernada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof era ministro de Economía.

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Según Sebastián Maril, de Latin Advisors y quien sigue minuciosamente cada instancia del proceso judicial, el pedido del bufete de abogados inglés, que también compró el derecho a litigar de otros perjudicados por la expropiación, incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.    

"En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. La jueza neoyorquina no tomará una decisión hasta la primera semana de junio", comentó Maril.

La Ley de Expropiación dice que "se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros’", explicó el experto, antes de considerar que esta situación ocurre porque la Argentina "no puso una garantía en enero, como estaba previsto, y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo".    

"Es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa, y el Estado no cumple, entraría en desacato con la Justicia de Estados Unidos, lo cual es complicado", opinó Maril, quien, sin embargo, interpretó que detrás de la acción de Burford está "negociar, hacer ruido".

A comienzos de marzo se supo que comenzaron a llegar los pedidos de reconocimiento de la sentencia, el paso previo a las solicitudes de embargo de bienes del Estado. Argentina apeló la medida, pero nunca presentó avales por los USD 16.100 millones y ello desencadenó la actual solicitud de traspaso de acciones.

En los últimos días de 2023, el presidente Javier Milei aseguró que Argentina no dispone del dinero para hacer frente al juicio, aunque dijo que sí tiene "willing to pay" (voluntad de pago). E incluso manifestó que propondría un nuevo impuesto para cancelar la deuda, al que llamó "tasa Kicillof", para que los argentinos recordaran los "desaguisados" del actual gobernador bonaerense.