En el marco de una jornada de euforia en los mercados por el anuncio de los buenos resultados de la fase 3 de la vacuna de Pfizer, el Ministerio de Economía concretó con éxito la licitación de bonos por unos 750 millones de dólares. Esta emisión, pensada para darle una salida razonable en dólares a los fondos de inversión que quedaron “atrapados” en sus posiciones en pesos y presionaban el tipo de cambio, es el corolario de la estrategia agresiva que permitió bajar el paralelo un 24% hasta los 151 pesos en los que cerró ayer.

Probablemente este haya sido el último martillazo sobre el tipo de cambio para parar la espiralización que puso en jaque al gobierno durante estos dos meses. Ya no parecen quedar grandes golpes de efecto que hagan que las cotizaciones de los dólares alternativos continúen cayendo mucho más. Por el contrario, el esquema de regulaciones a la compra de dólares sigue existiendo y probablemente constituya una referencia de hasta dónde pueda bajar el billete. En ese sentido, mientras que no haya una recuperación sostenida de las reservas, resulta imposible pensar en una flexibilización de las restricciones. Los 113 millones de dólares adquiridos ayer por el Banco Central permiten suponer que, despacio y paulatinamente, este proceso está comenzando a darse, pero, por lo pronto, la economía deberá convivir con niveles de brecha altos por un tiempo.

En tanto se carezca de fundamentos robustos, esta calma deberá ser cuidada y regada a diario a fin de sostenerla. Alcanzada la estabilización, se abre a partir de aquí un escenario en dónde el gobierno deberá administrar una gama de incentivos y gestos menos contundentes pero que, en su conjunto y dosificados con criterio, pueden ir construyendo el horizonte de previsibilidad necesario para atravesar fin de año y esperar la liquidación de la cosecha con mayor holgura.

El desafío, en todo caso, es que la tranquilidad alcanzada no sea a costa de resignar toda agenda propia. Ante la previsible extorsión de que cualquier medida con afán redistributivo pueda ser motivo de nuevas ansiedades en el mercado, el gobierno tendrá que tener el pulso justo para no comprar conflictos fútiles sin tampoco dejar de lado los necesarios, como el aporte extraordinario a las grandes fortunas.

El marco de esta nueva normalidad lo constituye las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, cuya misión arribará hoy al país buscando encarrilar un difícil acuerdo para el cual el gobierno a empezado a preparar condiciones. En efecto, bajo el amparo de las promisorias novedades sanitarias, se aceleró el proceso de eliminación del gasto de pandemia para los próximos dos meses. Aquello va a permitir terminar el año con un rojo fiscal menor al proyectado inicialmente, aunque aun así deberá ser financiado a través del BCRA, esta vez mediante el giro de utilidades. De la misma manera, se da prácticamente por descontado que el Ejecutivo estaría dispuesto a reducir su meta de déficit para el año 2021, lo que no implicaría a priori grandes esfuerzos adicionales si la recuperación de la actividad, como se especula, avanza un poco más rápido de lo presupuestado.

Sobre esta primera serie de concesiones es que se prevé en los próximos días delinear lo que, según fue anunciado ayer a última hora, será finalmente un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) a través del cual Argentina va a repagar los 44 mil millones de dólares que le debe al Fondo. A diferencia del Programa Stand-By acordado durante el macrismo, esta alternativa implica la posibilidad de dilatar los pagos por un periodo de tiempo sustantivamente mayor, que puede alcanzar hasta diez años. Como contrapartida, el EFF parte del diagnóstico de que el país receptor adolece de problemas estructurales que requieren de reformas integrales de su economía. En consonancia, el eventual acuerdo vendrá acompañado de un plan integral que no sólo incluirá metas específicas sino medidas programáticas para alcanzarlas.

La elección de esta opción era dentro de todo previsible y se tornó directamente inexorable en los últimos meses cuando se agravó el problema de reservas. Descontada la posibilidad de devolver una suma siquiera aproximada en lo inmediato, los caminos se reducían a un compromiso de este tipo. Lo tenía claro Néstor Kirchner, al FMI se lo confronta pagando. Mientras el país tenga una deuda imposible con el organismo, estará obligado a una convivencia asimétrica y condicionante. Cuánto más dólares se acumulen, más rápido se podrá salir de esa posición incómoda en la que transitaremos, por lo menos, todo lo que queda del mandato presidencial.

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Está por verse cuáles serán en concreto las exigencias del Fondo, pero no habría que hacerse ilusiones sobre en torno a lo que girarán: una mayor velocidad en el ordenamiento de las cuentas públicas y una política monetaria lo suficientemente restrictiva para evitar poner en riesgo las divisas con las que, en definitiva, pretende cobrar su acreencia.

Por lo pronto, el Ejecutivo avanza con medidas orientadas a sentar una base de negociación. En los próximos días presentará una nueva fórmula previsional que desindexa por inflación las jubilaciones, asociándolas nuevamente a la evolución de la recaudación y salarios. Es decir, más acorde a la evolución general de la economía. En paralelo, la decisión oficializada de aprobar por Ley el requisito de que todo futuro endeudamiento bajo ley internacional o programa concertado con el FMI deba ser ratificado por el Congreso, blindará con mayor solidez el eventual acuerdo. Pero, sobre todo, sentará un precedente necesario para evitar los errores pasados. Nunca más para un gobierno puede resultar más sencillo y expeditivo comprometerse con el Fondo antes que con los demás actores políticos del país.