La turbulencia cambiaria, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los aumentos de las expectativas de inflación y la caída del crecimiento proyectado configuran un panorama difícil para el Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2019. Como complemento, todas las recetas políticas para postergar la crisis económica chocan con el intento de reducir el déficit fiscal, la promesa y broche del contrato del oficialismo con el FMI.

En el año 2017, después de un primer año de mandato con inflación superior al 40%, los números macroeconómicos tampoco fueron alentadores: aunque con tendencia a la baja, las expectativas de inflación iban muy por encima de las metas del Gobierno y el crecimiento, por debajo. Sin embargo, el oficialismo aprovechó que aún estaba fresca la confianza de su electorado y, a través de una inyección en la obra pública, logró ratificar la victoria del 2015 y se se consagró como principal frente electoral a lo largo y ancho de Argentina.

Sin embargo, los ingredientes para 2019 cambiaron. Pisando los tres años de gestión y entrando al último, los argumentos de la herencia pesada pierden efecto ante un electorado poco seducido por un panorama en el que sólo encuentra malas noticias: anuncios de ajuste en distintas áreas, corridas cambiarias, salarios que corren por debajo de la inflación y un crecimiento esperado que apenas alcanza -si lo hace- para cubrir el crecimiento poblacional del país (es decir, mantener la paridad).

El acuerdo con el FMI, que la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió definió como un "préstamo antigolpe” que sirve para asegurar la estabilidad en detrimento de aquellos que buscan la turbulencia permanente, trae aparejado una serie de consecuencias y propuestas que le pueden llegar a poner un freno a las directrices de campaña del ecuatoriano Jaime Durán Barba, corazón del relato M que, por problemas de salud, trabaja part time de cara al año que lo tendrá otra vez como protagonista.

"El acuerdo con el FMI endureció la meta fiscal de 2019, llevando el rojo primario del sector público Nacional de 2,2% del PBI a 1,3% del PBI. Sin embargo, al contabilizar parte de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES como ingreso y la posibilidad de elevar el déficit por la salvaguarda social, el esfuerzo fiscal necesario sería algo menor", indica Ecolatina.

"Los recortes se concentrarán en pocas partidas: empleo público, subsidios económicos, transferencias a provincias y obra pública", remarca el informe, en tanto que agrega: "El riesgo de la dinámica propuesta por el Ejecutivo reside en caer en un círculo vicioso de más ajuste y menos actividad, que demande nuevos recortes del gasto por caída de ingresos. Es que en última instancia, el cumplimiento de la meta fiscal depende del crecimiento: la economía entró en recesión y no sabemos cuándo saldrá".

En ese sentido, el Gobierno tiene dos posibilidades: cumplir con el ajuste prometido al FMI, complicando el año electoral, o postergar algunos ajustes recién para el 2020. El trato con el Fondo endureció las metas fiscales para el año entrante y, para hacer la tarea que Christine Lagarde le encomendó, Macri deberá pasar la tijera por sectores que lo supieron votar en el pasado: el Campo o -de nuevo- los jubilados.