En los días actuales presenciamos una suerte de pequeña novedad en el mapa político-económico de los últimos tiempos. Se trata de dos conflictos sindicales no ligados a despidos masivos o al cierre de fábricas, sino de talante reivindicativo, con el objetivo ya no de preservar o defender un estado de cosas, sino de mejorarlo.

Tras tres años de crisis económica permanente, que se tradujo en un empobrecimiento general de los asalariados y una agenda meramente defensiva, el escenario de relativa normalización y tranquilidad -aunque de bases endebles-, permite que emerjan demandas postergadas.

Sin embargo, la posibilidad de discutir una recomposición salarial parece limitarse a sectores específicos, y augura el carácter heterogéneo de una recuperación que deberá compatibilizar diferentes velocidades.

El conflicto que ha adquirido más resonancia y que se encuentra en pleno desarrollo es el que involucra a los aceiteros y recibidores de granos en reclamo de mejoras salariales. El momento para desarrollar la protesta fue elegido estratégicamente, en pleno período de embarcación de las exportaciones de trigo. A pesar de la sequía, por el incremento de precios se espera que las ventas alcancen casi los 3.000 millones de dólares, el mayor nivel de los últimos nueve años.

Reclamo de mejoras salariales

Las medidas de fuerza empezaron el miércoles, con paros en 22 puertos del país. Sus protagonistas son la Unión de Recibidores de Granos, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón y Afines, y el Sindicato de Aceiteros del Departamento de San Lorenzo.

Además de la actualización de la paritaria del sector, este último gremio, reconocido por su fortaleza y combatividad, reclama un bono de pandemia en compensación por el trabajo realizado durante la cuarentena obligatoria.

De acuerdo a los cálculos siempre tendenciosos que se hacen en estos casos, que suelen ser de las pocas ocasiones en las cuales el complejo empresarial reconoce el valor del trabajo, las medidas de fuerza estarían ocasionando pérdidas por 100 millones de dólares diarios. Afectan el ingreso de divisas, así como también el normal desarrollo de la cosecha.

Segunda demanda: nuevo encuadre de los trabajadores de Minerar

El otro conflicto se viene gestando ya desde octubre y tiene que ver con el encuadre de los trabajadores de la empresa Minerar, subsidiaria de Loma Negra y proveedora de piedra caliza, un insumo fundamental para la producción de cemento.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) demanda que los empleados de la compañía se rijan por el convenio de la rama cemento, en vez del menos beneficioso de los trabajadores de piedra y cal. El conflicto ha escalado de tal manera que desde hace una semana permanecen apagados los dos hornos de la planta L'Amalí de Loma Negra, en Olavarría, por falta de materia prima.

Como es sabido, la empresa de los Fortabat suministra el 45% del cemento del país, y ante el dinamismo de la construcción, uno de los sectores que encabeza la recuperación de la actividad en virtud de sus precios de oportunidad, estaba trabajando a destajo con problemas para abastecer la demanda.

En efecto, el consumo de despacho de cemento creció en noviembre un 25,1% interanual, y se recuperaron más de 10 mil empleos. Ahora, con este parate, desde la cementera advirtieron que apenas tienen stock para responder a los pedidos por tan solo unos cuantos días más. De mantenerse el conflicto, podría obligar a la suspensión de obras en curso o acelerar el alza del costo de materiales que ya se ha venido presentando en las últimas semanas.

2020: con pandemia y sin pedidos de aumentos

Más allá de aquella resonante protesta de julio, cuando el Sindicato de Choferes de Camiones llevó adelante un bloqueo dirigido contra Mercado Libre (otra de las pocas empresas ganadoras de la pandemia), lo cierto es que este tipo de conflictos gremiales brilló por su ausencia este último año.

En un contexto de caída histórica de la economía, en el marco del aislamiento preventivo, la mayoría de los trabajadores priorizaron preservar sus puestos y asumieron casi con resignación postergar reivindicaciones salariales o de condiciones laborales.

Los dos hechos parecen adelantar una necesaria e inevitable reanudación de esta dinámica suspendida. El Gobierno estuvo tensionado hasta ahora por la presión explícita de bonistas, exportadores o ahorristas, pero tendrá que comenzar a lidiar con mayor asiduidad con el procesamiento de conflictos orientados a la reparación de la redistribución regresiva generada por el doble efecto de la crisis cambiaria de 2018-2019 y la pandemia de 2020.

La economía sigue en crisis por el Covid

No obstante, que este proceso empiece a darse no significa que la situación de excepcionalidad crítica haya quedado atrás. Sin ir más lejos, ayer el Gobierno extendió por diciembre el programa ATP y la reducción del pago de contribuciones patronales para aquellos sectores críticos que continúan muy golpeados por el coronavirus.

Según el Informe técnico del Ministerio de Desarrollo Productivo, a pesar de acumular cinco meses de recuperación, la economía se encuentra aun un 7% por debajo de los niveles pre Covid. Mientras que, en algunos casos, como el ya mencionado de la construcción, la producción alcanzó máximos anuales, para sectores como la gastronomía y el turismo la facturación todavía está más de un 20% abajo con respecto al 2019.

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En todo caso, lo que queda en evidencia son las velocidades diferentes que está adquiriendo la reactivación de la actividad. En ese marco, el desafío que se presenta es cómo lidiar con la evolución de aquellos factores que hacen a la economía en general pero que impactan de distinta manera en este escenario complejo y asimétrico que generó la crisis.

La suba de tarifas, por caso, es indispensable para no aumentar el déficit público en base al subsidio de ganancias empresariales, pero a la vez puede tener un efecto demoledor en aquellos sectores de tenue recuperación.

De la misma manera, la recomposición del salario en aquellos sectores de mayor dinamismo deberá ser compatibilizada con la velocidad de quienes vean mejorar sus ingresos de manera más lenta, en orden de evitar que se consolide una estructura de precios que haga que buena parte de los asalariados, incluso formales, permanezcan en situación de pobreza.