Por medio de la Resolución 115/2-024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno suspendió preventivamente el pago del Salario Social Complementario a 236 beneficiaros del Potenciar Trabajo por "posible incompatibilidad" con el empleo público. 

La medida, que es por un plazo de tres meses, alcanza a titulares del plan -llamado oficialmente Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Social- que figuran como trabajadores estatales en siete distritos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, San Juan, San Luis, Neuquén, Santiago del Estero y La Pampa.

Pasado el periodo de suspensión provisoria, "de no obrar reclamo, se resolverá el egreso del Programa", precisó la Resolución firmada por el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio, Pablo María de la Torre.

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La incompatibilidad fue detectada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), que remitió a la cartera conducida por Sandra Pettovello "oficios a través de los cuales se establecen las nóminas de personas detectadas en posible infracción de las normas vigentes que regulan" el Potenciar Trabajo.

A raíz de esta irregularidad, de la Torre solicitó "identificar a las 236 personas de las que no obran datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), a los que corresponde suspender preventivamente en el marco de lo denunciado por una posible incompatibilidad". La interrupción del pago oficializada este miércoles se suma a la dispuesta por Capital Humano en febrero, cuando se le dio de baja a 22.501 beneficiarios.

Además, se produce en medio de la eliminación del Potenciar Trabajo y la creación de dos nuevas iniciativas, anunciadas el pasado 27 de febrero por el Ministerio. Se trata del "Programa Volver al Trabajo", orientado a la población de 18 a 49 años y que funcionará en la órbita de la secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad; y del "Programa de Acompañamiento Social", destinado a mayores de 50 años y a madres de cuatro o más hijos, y que dependerá de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Desde el área a cargo de Pettovello también se disolvieron las Unidades de Gestión, que hasta ahora actuaban como intermediarias entre el Estado y los beneficiarios, y en muchos casos eran manejadas por las organizaciones sociales.