El Gobierno publicó este martes la reglamentación de la ley de Góndolas, a través del decreto 991/2020, en el Boletín Oficial. La iniciativa busca terminar con las conductas oligopólicas en los supermercados y que hayan más marcas. A su vez, tiene como objetivo controlar el precio de los productos.

La ley busca “mantener la armonía y el equilibrio” entre los operadores económicos alcanzados por la medida “con la finalidad de evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado”.

En febrero, el Senado cristalizó las voluntades de Alberto Fernández y Sergio Massa y la aprobó por unanimidad. Si bien Juntos por el Cambio acompañó el proyecto, la mayoría de sus legisladores advirtieron que pese a las buenas intenciones, la norma no será efectiva para reducir la inflación y fomentar la competencia.

Qué fija la norma

La ley de Góndolas establece que una empresa no pueda tener más del 30% del espacio disponible en la góndola por cada categoría de producto y que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por estantería.

A su vez, la norma tiene por objetivo contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar "sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores".

En otro punto de la normativa se dispone que los supermercados deberán destinar el 25% de sus góndolas a productos elaborados por las pymes regionales. Para desconcentrar la economía, también buscará incorporar los productos elaborados por la “economía popular”: el 5% de la góndola deberá estar destinado a productos provenientes de la agricultura familiar, campesina o indígena.

Los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y en la primera página del sitio web donde se muestren. En cambio, en la isla de exhibición y en los exhibidores que están pegados a la caja donde se cobra, el 50% del espacio debe estar ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales.

El objetivo es que haya igualdad de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. Apunta a mejorar el nivel de competencia y reducir los aumentos de la cadena de valor que forman los precios, con el fin de “evitar prácticas abusivas de los supermercados”.

A favor de la ley

Uno de los dirigentes que más insistió con la sanción fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “A veces la gente llega a la góndola y cree que compra un producto de distintas marcas, pero resulta que son del mismo fabricante”, argumentó.

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Elisa Carrió, una de las impulsoras de la iniciativa, en uno de sus últimos discursos en el Congreso, apuntó que “los supermercados estafan constantemente, si se tienen que fundir para que nazcan los almacenes, mejor para la historia de la Argentina”.

Voces de rechazo

Como contrapartida, el proyecto había recibido múltiples críticas de empresarios, industriales y supermercadistas. Héctor del Campillo, de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba, aseguró que el texto “es inconstitucional y ataca la libertad de comercio”.

El ejecutivo Martín Cabrales, por su parte, indicó que con esta ley no se resuelve la problemática de fondo. “No se favorece a nadie. El tema del consumo interno es fundamental, está totalmente caído y esta medida en sí no ayuda a nada de eso, se mete demasiado en el negocio del supermercadista”, afirmó.

Desde la Unión Industrial Argentina también presentaron reparos a la norma. Su vicepresidente, Daniel Funes de Rioja, quien también preside la Coordinadora de Productos Alimenticios (COPAL), dijo que se trata de una iniciativa “anti supermercados” que podría generar “más problemas que soluciones”.

Además, consideró que el Gobierno ya contaría con otras herramientas para proteger a los consumidores como la ley de defensa a la competencia y la ley de defensa al consumidor. “Tiene mecanismos sobrados para evitar monopolios”, opinó, días atrás, en diálogo con Radio La Red.