Deuda: Argentina enfrenta una nueva demanda en EEUU por USD 1.300 millones en el caso del "cupón atado al PBI"
Un grupo de fondos de inversión volvió a la carga en el Juzgado de Loretta Preska por una presunta manipulación de las estadísticas oficiales durante el Gobierno de Cristina Kirchner, que los habría perjudicado en el cobro de bonos argentinos.
La Justicia de Estados Unidos recibió una nueva demanda por USD 1.300 millones de dólares contra la Argentina por la causa del llamado "cupón atado al PBI" por parte de un grupo de fondos buitre que insiste en denunciar el perjuicio que les ocasionó la alteración de los datos estadísticos durante el Gobierno de Cristina Kirchner.
La presentación judicial encabezada por Aurelius Capital, junto a otros 13 fondos, se llevó a cabo este miércoles ante la magistrada Loretta Preska, quien en abril pasado ya había desestimado la acción original.
Al respecto, el especialista argentino Sebastián Maril precisó que "en esta nueva presentación Aurelius corrige los argumentos de la demanda original de 2019".
La causa iniciada hace cinco años se basa en el cuestionamiento a un cambio de cálculos que implementó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante la gestión de Cristina Kirchner, lo que evitó hacer un pago a tenedores de bonos.
Los demandantes consideran que si la Argentina no hubiera modificado el método de cálculo del PBI, hubiera tenido que pagar los intereses de los cupones en los períodos que van de 2014 a 2018, así como en 2021 y 2022.
A raíz de que Preska nunca se expidió sobre la cuestión de fondo, es decir sobre si hubo o no distorsión de datos oficiales, los fondos volvieron a presentarse en su juzgado en busca de obtener un fallo favorable.
La controversia por el manejo de las estadísticas públicas en aquella administración tiene más de un frente judicial abierto. A la reciente y renovada presentación en los tribunales estadounidenses, se le suma el tratamiento del caso en la Corte Suprema del Reino Unido, que debe dictaminar sobre una demanda de USD 1.500 millones.
La Justicia británica ya había condenado este año a la Argentina en los tribunales superiores, pero el país apeló la última instancia depositando una garantía de USD 337 millones, que se descontará del pago final en caso de producirse un fallo adverso.