La decisión de La Rioja de emitir los denominados Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) para pagar parte del sueldo de los empleados estatales ante la escasez de recursos por los recortes dispuestos por la Nación, revive los peores momentos de la crisis de 2001 y trae a la memoria las más desopilantes historias tejidas en torno a las cuasimonedas en el país. 

Si una característica no aplica a la renovada iniciativa del gobernador riojano, Ricardo Quintela, es la originalidad. La primera provincia argentina en poner en circulación estas "promesas de pago" fue Tucumán, que en la década de 1980 imprimió los Bonos de Cancelación de Deuda, nominados en australes. 

Durante la convertibilidad, la paridad uno a uno con el dólar que rigió entre abril de 1991 y enero de 2002, aquellos papeles pintados fueron nominados en pesos y se mantuvieron hasta 2003, cuando se ordenó el retiro total de los bonos. 

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Definitivamente, la crisis del 2001, desencadenada, entre otros factores, por la imposición de un "corralito financiero" que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, representó una magnífica oportunidad para que los gobernadores echaran mano de esta herramienta para no romper la cadena de pagos y, de alguna manera, controlar la creciente tensión social. 

Fue así que a nivel nacional se instrumentaron las Lecop; en la provincia de Buenos Aires, los Patacones; en Córdoba, las Lecor; en Entre Ríos, los Bonos Federales (Bofe); en Corrientes, los Cecacor; en Mendoza, los Petrom; en Misiones, los Cemis; en Formosa, los Bocanfor; en San Juan, los Huarpes; en Chaco, los Quebracho; en Catamarca, los Bonos Ley 4748; en Tierra del Fuego, las Letras; y en Chubut y Río Negro, los Petrobonos.

La Rioja, por su parte, sacó a relucir la primera versión de sus Bocade, que para entonces ya estaban en vigencia en Tucumán.

La "fiesta de los bonos", antes y después del 2003, también puso a prueba la creatividad de los equipos económicos de los mandatarios provinciales para darles un nombre pomposo o marketinero a estos instrumentos de pago, quizás en el afán de acrecentar su confiabilidad, de por sí bastante dudosa. 

Chaco obtuvo un aplazo en esta materia. Narra la historia que durante la Gobernación de Roy Nikisch, la provincia norteña emitió para pagar deuda los Bonos Garantizados del Chaco, los BoGarCha en el lenguaje coloquial del mercado, hasta que un iluminado advirtió que aquella denominación sonaba bastante mal y se prestaba a las cargadas. Fue así que el Ejecutivo recalculó y pasó a llamarlos Bonos de Saneamiento Garantizado Serie II.

Casualidad -o no- del destino, aquel título en dólares fue creado con la firma del por entonces ministro de Economía provincial, Roberto Dell’Orto, quien en 2012, un año antes de morir en un accidente de tránsito en la localidad chaqueña de Basail, se tomó con humor la viralización por Twitter (hoy X) del nombre original de los Bonos de Saneamiento Garantizado Serie II. 

El responsable involuntario de aquella situación fue Jorge Capitanich, quien ese año, durante su segundo período como gobernador de Chaco, inquietó al mercado al anunciar la pesificación de toda la deuda provincial. Y, según varios economistas, como Alejandro Bercovich, para absorber a los defaulteados BoGarCha, el Ejecutivo liderado por "Coqui" pensó en primera instancia en emitir una serie de los BoConCha, la simplificación del nombre Bonos Consolidados del Chaco. 

No hace falta mencionar la suerte que corrieron aquellos famosos bonos chaqueños.