En el marco de una fuerte presión para achicar el déficit y cumplir con las metas fiscales del año próximo, el Poder Ejecutivo puso primera para avanzar en el aumento de tarifas -congeladas desde abril de 2019-, aunque advirtió que lo hará en forma segmentada.

El secretario de Energía, Darío Martínez, anticipó que "el incremento de las tarifas nunca puede ir creciendo en términos porcentuales en relación al salario de forma que le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios".

Por este motivo, el Gobierno empezará a cruzar información disponible para el Estado por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). De acuerdo a los datos provisorios que ya están siendo analizados por el oficialismo, hay un 40% de usuarios que están por debajo de la línea de la pobreza y que el año próximo seguirían con las tarifas congeladas o tendrían incrementos "simbólicos".

En tanto, el resto se divide en: un 45% considerado de clase media a la que el Gobierno sí le aumentará las tarifas, pero atado a la evolución de los ingresos y un 15% con capacidad para pagar una tarifa más cercana a la real, según consignó la agencia NA de fuentes oficiales.

La emergencia tarifaria sancionada por el Congreso en el marco de la emergencia económica y pública está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020, sin embargo, el oficialismo busca reducir el gasto de subsidios para el año próximo para reducir el déficit fiscal hasta, al menos, el 4,5%.

Martínez ya mantuvo reuniones con empresarios, representantes sindicales de los sectores de la energía y con gobernadores para avanzar en la implementación del nuevo esquema. La gestión de Fernández descartó de plano un regreso a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aplicado durante el macrismo y que ataba el valor del servicio a la evolución del dólar.

Sin embargo, la otra preocupación que recorre al gobierno es la espiral inflacionaria ascendente que podría pegar un nuevo salto con un aumento de las tarifas. Al salto del IPC en octubre, un 3,6% (el más alto del año y que sería superado en noviembre) y al de la canasta básica (6,6%), se agrega la suba de los combustibles que ya tuvo cuatro incrementos desde agosto.

Al mismo tiempo, el aumento de las tarifas de luz y gas podría impactar en el lento proceso de recuperación que atraviesa la economía. De esta manera, el gobierno debe avanzar en un recorte del déficit y un descongelamiento de las tarifas mientras contiene el aumento de la carestía pero sin afectar la reactivación productiva.