¿Cómo sigue la causa por la investigación del joven desaparecido?

"El amuleto fue clave porque pone a la policía en la situación de explicar dónde lo vieron a Facundo", dice Margarita Jarque, la abogada que interviene como querella por la Comisión Provincial por la Memoria.
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“Necesitamos constatar si en el acta policial figura qué hicieron con el DNI de Facundo, si la policía le sacó una foto o se lo retuvo”, explica Margarita Jarque, la abogada que interviene en la causa, como querella por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.

Para la directora del equipo de litigio estratégico de la CPM “que haya aparecido la foto del documento en el celular de un policía es un dato nuevo que se suma a las irregularidades, pero no desentraña que sucedió”.

En el celular de la oficial Jana Jennifer Curuhinca se encontró la foto del DNI, pese a que los efectivos aseguraron que no lo llevaba.

“Ya se ha denegado dos veces su imputación y detención”, confirma Jarque sobre la situación judicial de Curuhinca.

“La aparición de la foto del DNI es otro interrogante sobre que pasó”, sostiene Jarque. Y agrega: “Ya habíamos pedido el listado de otras causas iniciadas por el artículo 205 del Código Penal, pero no logramos que entreguen esa información. Entonces no podemos saber cómo era el comportamiento policial ante el incumplimiento de la cuarentena, si retenían el DNI o sacaban fotocopia. A su vez, el DNI de Facundo se menciona en el acta del primer reten”.

La otra prueba: pelos en el amuleto

Además del hallazgo de la foto del DNI, el 12 de agosto, se hicieron las pericias al amuleto de Facundo, las cuales detectaron que había cabellos. Se enviaron las muestras a Buenos Aires para determinar si se trata de pelo humano y si corresponde a Facundo.

Para Jarque, “el amuleto fue clave y pone a la policía en la situación de explicar dónde lo vieron a Facundo”. Sobre este punto, la letrada sostiene que se escondieron objetos personales del joven: “Deben decir porqué lo tenían al amuleto, más aun cuando el móvil en el que se desplazaba el oficial González queda en Origone hasta altas horas de la tarde”.

“Tenemos la necesidad de conocer informaciones en bruto, ya que los informes técnicos son parciales y no integrales. Esto conlleva a que haya una sola hipótesis, quedó robustecida la de los informes técnicos de la policía y perdió fuerza la que planteaba que Facundo había llegado a Bahía Blanca”.

“El fiscal no tiene un plan claro de investigación”

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez fue recusado por la familia y la CPM en dos oportunidades. En ambas oportunidades, la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, rechazó los pedidos de desplazamiento del funcionario judicial.

“La magistrada dejó sin efecto la última audiencia de recusación por problemas tecnológicos no claros”, sostiene Jarque.

Para la abogada, “el fiscal no tiene un plan claro de investigación, en una figura tan sensible, como lo es la desaparición forzada de persona”. También aclara que desde la fiscalía no hay articulación con las querellas.

Sumado a las dificultades que las querellas enfrentan para dilucidar en la Justicia qué sucedió con Facundo, hay desconfianza sobre el accionar de la policía. “Hay oscuridad respecto del comportamiento policial que es necesario investigar con más énfasis”, apunta.

Además de rechazar la recusación del fiscal, la Justicia no hizo lugar al pedido de detención de los cuatro agentes involucrados en todo el trayecto.

“Cuando aparece un cruce de llamados entre los oficiales Curuhinca y Sosa, la jueza la imputación y detención. Luego, cuando aparece el amuleto, pedimos las detenciones de los cuatro policías, pero el fiscal debe solicitarlo, dado que instruye la causa, pero no lo hizo”, explica Jarque.

A su vez, la directora del equipo de litigio estratégico de la CPM alertó sobre la lentitud en el proceso. “Las pericias de ADN tardaron una semana, hubo demora en el rastrillaje injustificadamente por el fiscal y en la convocatoria de los organismos del Ministerio Público Fiscal (DATIP y PROCUVIN)”. También nota que existe “cierta tendencia a reforzar la hipótesis de los informes técnicos de la policía federal”.

La CPM insistió con la incorporación en la investigación de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Y aunque la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) trabaja en el caso, Jarque considera que “la fiscalía no se apoya en el organismo”.

Más pruebas pero Facundo no aparece

“Es una causa muy compleja como la de Maldonado”, reflexiona Jarque. Además, del amuleto y la foto del DNI, el celular de Facundo prendido impactó en una antena cerca de Bahía Blanca el 30 de abril alrededor de las 16hs. Puede que en ese entonces el dispositivo no estuviese en poder del joven.

A su vez, las declaraciones de los testigos generan más dudas sobre si llegó o no a Bahía. “Ayer una testigo de identidad reservada (apodada G.A.) declaró que lo había visto a fines de junio frente a la casa de la ex novia. Pero perdió fuerzas su declaración porque no fue clara. Se manifestaba convencida, pero se fundaba en extremos débiles”.

Esta semana, hicieron rastrillajes en la localidad de General Daniel Cerri, pero no encontraron nada. Para la abogada hicieron bien en apartar a la policía bonaerense en los rastrillajes, “porque se advierte en los testimonios su accionar en la causa provincial, donde tomaban declaraciones y amenazaban a testigos”.

Además, Jarque explica que las filtraciones a la prensa seguramente provengan de la fiscalía o de las fuerzas de seguridad federal de Bahía.

Otra prueba importante será el informe de las comunicaciones de los handies de la policía. “El Ministerio contesta que no tiene esas grabaciones, es clave para saber qué sucedió en aquel momento en que se encontraron con Facundo”, dice la letrada.

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La necesidad de información

“Para aclarar las oscuridades de la causa se necesita un informe técnico integral para construir una única hipótesis”, explica Jarque. Por eso, la CPM pidió la totalidad de la información en bruto, suministrada por empresas telefónicas y organismos estatales, entre otros. Hasta el momento, no fue entregada.

Jarque sostiene que esta información en crudo es clave: por ejemplo, no sabe si la foto al DNIK la hizo el oficial Gonzaáez, si el horario de esa imagen corresponde a cuando se sacó o cuando se envió por WhastaApp. “Todos esos datos aparecen a modo de conclusión, pero no tenemos esos datos en bruto”.

La fiscalía lleva adelante la instrucción de la causa y el juez tiene el rol de controlor. “La jueza debería oír la recusación del fiscal y tomar nota de las irregularidades del fiscal para hacer lugar a la recusación”, dice Jarque. Y agrega: “Pero al no aceptar la recusación, debería sugerir, indicar y demandar una articulación en el modo de trabajo de la investigación con la fiscalía. Vamos a solicitar que lo ordene“.

Apoyo de organismos internacionales

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas apoyan y piden una investigación sin el trabajo de la policía bonaerense y exigen la aparición de Facundo.

La desaparición forzada de una persona tiene que ver con la actividad estatal. Acá se debe buscar la verdad porque no hay un cuerpo, entonces es un plan de investigación integral amplio, y cada minuto que se pierde implica la pérdida de pruebas y resultados“, dice Jarque.

Sobre esta cuestión, explica que esta figura penal conlleva la responsabilidad del Estado argentino. “El Poder Judicial debe tomar conciencia de esto, el fiscal investiga al propio Estado en una grave violación a los DDHH”. Y agrega: “No vemos en la causa ese enfoque, que debe ser el rector”.

Esta mañana, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “habla mucho con la mamá de Facundo”. La familia y la CPM se reunieron con la Secretaría de DDHH.

Más de 30 casos de violencia institucional este año

El organismo de derechos humanos, Amnistía Internacional Argentina registró más de 30 casos de violencia institucional durante lo que va del 2020. Los hechos se vinculan directa o indirectamente con las medidas impuesta por el aislamiento. 

La directora ejecutiva, Mariela Belski, explica cuál es la situación actual de abuso por parte de las fuerzas de seguridad contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Además, desde el organismo piden “una investigación urgente, exhaustiva e independiente sobre los hechos y que permitan conocer el paradero de Facundo”.

¿Cómo debería ser la reforma para el sistema de actuación y control de las fuerzas de seguridad, la cual catalogan de necesaria en el informe?

Los recientes hechos visibilizan que se requiere la implementación de acciones urgentes y coordinadas entre el gobierno nacional y las jurisdicciones de todo el país. En este sentido, el Consejo Federal de Seguridad, órgano integrado por los responsables de las políticas de seguridad de todas las provincias y del sistema federal, ocupa un rol central para coordinar estrategias conjuntas que modifiquen radicalmente el funcionamiento de las fuerzas y los procedimientos de rendición de cuentas garantizando que se adecuen a los estándares internacionales de derechos humanos.

Para que el Estado argentino salde la deuda y cuente con fuerzas ejemplares es fundamental diseñar e implementar programas de formación y capacitación permanentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, con perspectiva de DDHH, así como la sensibilización sobre minorías sexuales, raciales, pueblos indígenas, y grupos vulnerables en general.

Todos los casos de violencia institucional se vinculan con las medidas de control de aislamiento. ¿Cuándo termine la cuarentena en todo el país creen posible un descenso o ausencia de este tipo de casos?

Desde Amnistía Internacional no podemos hacer ese tipo de pronósticos, lo que si podemos asegurar es que el diagnóstico de la necesidad de una profunda reforma para el sistema de actuación y control de las fuerzas de seguridad ya estaba presente pre cuarenta y la situación de aislamiento expuso aún más esta falencia.

El Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza será el último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y al respeto de los DDHH.

¿Qué representa la desaparición de Facundo Astudillo Castro para Amnistía? ¿Visibiliza la situación de abuso de las fuerzas de seguridad, la falta de respeto a los DDHH, una policía corrupta?

Facundo Astudillo Castro, de 22 años, desapareció el 30 de abril, en la provincia de Buenos Aires tras ser detenido a la entrada de la localidad de Mayor Buratovich. La policía lo detuvo por circular durante la cuarentena impuesta por el Estado a raíz de la pandemia.

Es inadmisible que aún no se sepa nada de Facundo, falta información sobre las circunstancias de su desaparición y lo que sucedió después.

Por lo tanto, hasta que no avance la investigación no puede determinarse cuales serán los delitos cometidos por las personas involucradas. Justamente es por ello que exigimos una investigación urgente, exhaustiva e independiente sobre los hechos y que permitan conocer el paradero de Facundo. Sin duda, hasta que no se demuestre lo contrario las investigaciones deben abordar todas las hipótesis y, dado que podría haber vínculos con las fuerzas de seguridad, es fundamental mantener abierta esa hipótesis.

Además de separar de sus cargos a los policías sospechados de cometer violencia institucional, ¿qué otra sanción podrían implementar?

En el caso de Facundo, desde Amnistía Internacional, emitimos una Acción Urgente Global para enviar a las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Cuando Amnistía Internacional tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de presión enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate.

Les pedimos al ministro Sergio Berni y al fiscal Ulpiano Martínez que adopten urgentemente todas las medidas necesarias para encontrar a Facundo.

Además, deben asegurar una investigación independiente, efectiva e imparcial de los hechos ocurridos, que haga públicos los resultados y que lleve a los responsables de la desaparición de Facundo ante la Justicia.