A casi dos años de estar encajonada y, al borde, de perder estado parlamentario, el pasado jueves la Cámara Alta trató la controvertida “Ley de extinción de dominio”, que procura recuperar los bienes robados en casos de corrupción, trata de personas, narcotráfico, defraudación al Estado, entre otros.  Con un recinto dividido, se disputaron tres proyectos de ley, que fueron propuestos por el bloque de Cambiemos, el PJ y el kirchnerismo. Mientras la propuesta oficialista ponía en jaque la impunidad de muchos de los que se beneficiaron en la función pública, e incluso, hoy, ocupan bancas en el poder legislativo y están revestidos bajo protección parlamentaria. El proyecto del PJ o el bloque K garantizaban la legitimidad de un saqueo que, con pruebas eficientes y condenas firmes, es uno de los factores claves en la situación económica actual. Qué pasó. Cómo sigue. ¿Será que Argentina es un “paraíso fiscal local”, en el que podes convertirte en millonario sin dar cuentas de ello? Lejos del legislativo, qué papel juega Massa.

No fue un mes más para el Senado, en tan solo dos semanas, la Cámara Alta, tuvo en vilo a todo el país. Primero, por el rechazo de la legalización del aborto, lo que le costó críticas y un sin números de manifestaciones del colectivo verde; y por el otro la maratónica sesión del ultimo Súper Jueves. Un recinto que debatió la aprobación de los allanamientos en las propiedades de Cristina Fernández, con un final cantado y premeditado, en el que la misma ex mandataria votó a favor. ¿Libre de culpa o estrategia? No importa, el allanamiento se hizo, y la justicia la juzgara. Pero, por otro lado se trató, también, la demandada “Ley de extinción de dominio”, impulsada, con media sanción, de diputados, y cual presión de la sociedad, el día anterior con una multitudinaria marcha, acorralaba al Congreso y exigía su aprobación.

Después de un intenso debate, en la madrugada del jueves, el Senado aprobó con 40 votos afirmativos frente a 26 negativos, y con modificaciones del PJ y el bloque K, el proyecto de ley; que ahora vuelve a diputados. Sin dudas, cargado de intereses propios  y lejos de ser honorable, la cámara del Senado es un aguantadero. Un recinto de miserables, malandras y cómplices, que solo protegen intereses de los delincuentes. Intereses que lejos de ser concebidos por su profesión y pudor, han sido producto de la defraudación y atraco, sin límites, a la administración pública, y que está reflejado en las necesidades que enfrenta la sociedad. Gritan: ¡La patria está en peligro!, si, por ellos, por quienes apoyan y niegan su corrupción. El proyecto que se aprobó el jueves es el que presentó Pichetto, no es retroactivo y se aplicaría a partir de este año. No sé si es hipocresía, cinismo o desfachatez. Se ríen de la sociedad, de la patria, de aquellos que en algún momento confiaron en su palabra. Lejos de ser diferentes, el peronismo y kirchnerismo son las dos caras de la misma moneda; y luchan por el mismo propósito: la impunidad. 

Ahora, sin fecha aún, el proyecto de ley vuelve en segunda revisión a Diputados. La Cámara baja puede insistir con la media sanción de 2016, con mayoría simple, ya que en el Senado no logró los dos tercios. Es decir, que con solo lograr más votos afirmativos que negativos, la ley sería aprobada.

Hoy, que la ley salga y que la impunidad no se garantice tiene un nombre: Sergio Massa. Sí. Si bien, no ocupa ninguna banca en el Congreso, es el líder del Frente Renovador, cuyos votos son clave para que la Ley de extinción de dominio original logre mayoría.

“Es el reclamo más fuerte que hace la sociedad. No solamente los quiere ver presos, quiere que devuelvan la plata”. Decía Massa, en 2016, en relación a la ley que busca recuperar bienes del Estado.  De esta manera, dichas declaraciones, hace insinuar que los diputados de bloque del Frente Renovador insistirá con la ley impulsada; y honraría no solo con la  palabra de su líder, sino también a quienes lo votaron en 2013. De esta manera, el ex intendente de Tigre se juega todas las fichas en el futuro. 

El político debe trabajar en cuestión y beneficio de la sociedad. No es un querer, es un deber; como así también, quien use el poder en beneficio propio debe ser sancionado y castigado. El archivo y sus palabras los condenan, el momento pasa, pero la sociedad no olvida. El político es responsable de su pasado, presente y futuro, pero la sociedad es responsable de que él construya dicho camino.