Cristian Riquelme, hermano del actual vicepresidente de Boca, recusó a la fiscal penal y contravencional Celsa Ramírez y no se presentaría a la indagatoria a la cual fue citado este miércoles, en el marco de la causa en la cual se lo investiga por supuesta reventa de entradas en La Bombonera. 

La recusación la hizo a última hora del martes, luego que su abogado Sebastián Rodríguez pidiera la suspensión de la audiencia, ya que tenía otro compromiso judicial que le impedía estar presente para defenderlo. Además, cuestionó la competencia de la Justicia porteña.

Celsa Ramírez, fiscal especializada en delitos de eventos deportivos en la Ciudad de Buenos Aires, fue criticada por el propio Román, acusándola de ser parte de la persecución hacia él y miembros de su familia. 

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La audiencia de este miércoles fue fijada luego de que se postergara la de la semana pasada porque los abogados justificaron que no habían tenido tiempo de acceder al expediente y evaluar la causa judicial. 

En el marco de esa misma causa hay varios implicados más. Tal es el caso de la periodista Antonella Pepe, vinculada al club xeneize, que sí se presentó el martes a indagatoria, pero se abstuvo de declarar por el mismo motivo, ya que no pudo acceder al expediente.

La sospecha es que los involucrados participaban de la reventa de entradas y lo hacían a nivel masivo, principalmente operando con contingentes de turistas. 

Por eso, investigan la supuesta complicidad con las autoridades del club y con la Policía, dado que, consideran, es muy difícil no tomar conocimiento del ingreso de la gran cantidad de personas por los canales no habituales. 

La Justicia porteña estima que se trata de un circuito paralelo institucionalizado, por lo cual el hermano de Riquelme y el resto de los implicados están imputados por asociación ilícita, por la reventa de entradas y defraudación a Boca Juniors. 

En una de las tareas de inteligencia que llevó a cabo la fiscalía, dieron con un domicilio conocido como “La casa del 10”, ubicado a pocas cuadras del estadio, donde creen que se reúne al contingente que luego ingresa al estadio con las entradas de reventa.

En ese contexto, se allanó la propiedad de Cristian Riquelme y de los demás imputados en búsqueda de pruebas, las cuales incluyen intervenciones telefónicas.

La causa transcurre en paralelo a la álgida vida política de la institución, que debía elegir el próximo domingo entre la fórmula Riquelme-Ameal o la integrada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Sin embargo, la Justicia decidió suspenderlas hasta esclarecer “la situación de irregularidades detectadas prima facie en el padrón electoral”, haciendo lugar al pedido de la oposición.