Decreto anticorrupción del Papa: el Vaticano ¿invirtió? en la “píldora del día después”

La resolución de Francisco dejó entrever su aparente malestar tras una investigación periodística reciente de la cadena italiana Rai3.
El Canciller - Comentarios

El Papa prohibió a los miembros de la Curia romana aceptar “regalos u otros beneficios” de más de 40 euros. Fue uno de los primeros títulos noticiosos sobre un flamante decreto del ex arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio.

Al indagar en la resolución, se lee que la nueva regulación anticorrupción exige a directivos de la Santa Sede no tener activos “en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia”.

El decreto se conoció poco después de una investigación periodística de la cadena italiana Rai3. Según su indagación, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) -organismo del Vaticano que se ocupa de la gestión de los bienes- invirtió en la empresa farmacéutica Novartis. Esa multinacional produce la denominada “píldora del día después”, utilizada para evitar embarazos involuntarios.

Exfuncionario, contra el Vaticano

La Rai3 entrevistó al exrevisor general de la Santa Sede Libero Milone, encargado de supervisar la contabilidad de la Curia romana entre el 2015 a 2017, quien terminó dimitiendo a su cargo. Milone, al renunciar, denunció que fue obligado a dejar su cargo tras descubrir asuntos turbios y recibir amenazas.

El exfuncionario acusó ahora al Vaticano de realizar inversiones “arriesgadas” que “no respondieron a la doctrina social de la Iglesia que enumera exactamente las cosas que podían y no podían hacer”.

Francisco aprobó la nueva regulación con el título “La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura, con la fidelidad en las cosas importantes”.

Exigencia de transparencia a la Santa Sede

La norma también coincide con la discusión del informe sobre la transparencia de las cuentas del Vaticano por parte del órgano de control del Consejo de Europa, el Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, conocido como Moneyval.

El decreto, en esa línea, exige que los directivos y administrativos declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo. Tampoco por lavado de dinero o evasión fiscal. Y no tener dinero en efectivo o inversiones en países con alto riesgo de blanqueo de capitales.