Con críticas a los líderes gremiales, intensifica Mariu la polarización con el kirchnerismo

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En sintonía con la línea editorial que bajan Marcos Peña y Jaime Durán Barba, María Eugenia Vidal volvió a polarizar el mapa político, criticó el accionar de los gremios docentes y ratificó su negación para una eventual postulación presidencial.

Luego de un fin de semana en el que las lluvias azotaron a la Provincia, la gobernadora remarcó los avances realizados en materia de obras hidráulicas y se diferenció de la gestión kirchnerista.

“Una quiebra de décadas como la que tiene la Provincia no se resuelve en tres años”, sostuvo en diálogo con Luis Majul, en tanto agregó: “Cuando nosotros asumimos, había 39 colchones en el depósito, este fin de semana entregamos 900: Salto, Luján y Areco, no se inundaron”.

En el mismo tono político, reivindicó la lucha contra el narcotráfico y le respondió a su otrora rival político, Aníbal Fernández. “Hubo un sistema que durante años miró para otro lado, con causas judiciales como la de la efedrina; hoy hay un combate, hemos derribado muchos búnkers”, manifestó.

“Hubo un sistema que durante años miró para otro lado, con causas judiciales como la de la efedrina; hoy hay un combate, hemos derribado muchos búnkers”, manifestó.

En torno a la disputa con los sindicatos y a las distintas medidas de fuerzas suscitadas por la falta de acuerdos salariales, englobó a la situación de esta semana en Aerolíneas Argentinas -recalcó que no será privatizada- junto al conflicto con los docentes, al considerarlos de intencionalidad política.

Vidal reafirmó que no usará a la Provincia “como trampolín” para una eventual candidatura presidencial y relativizó las diferencias con Macri por el recurrente pedido para indexar el Fondo del Conurbano. “Con el Presidente tenemos un vínculo de 16 años, nos respetamos mucho”, sintetizó.

El distrito bonaerense será, junto a la Ciudad de Buenos Aires, el que más absorberá los costos del ajuste trazados en la Ley de leyes que busca aprobar el oficialismo: tendrá que afrontar más de $25.000 millones por el traspaso de la tarifa social de las empresas de energía y los subsidios al transporte.