Cómo sigue la causa por Facundo Astudillo Castro: el pedido de los fiscales y el rechazo de la jueza

La magistrada y los funcionarios del Ministerio Público Fiscal que investigan el caso de Facundo se cuestionan mutuamente por las medidas de prueba.
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La investigación por la desaparición y posterior muerte de Facundo Astudillo Castro se encuentra en un momento complejo. Desde el comienzo, la madre del joven, Cristina Castro, apuntó contra el mal desempeño de la jueza federal del caso María Gabriela Marrón. Ahora los fiscales Héctor Andrés Heim y Horacio Juan Azzolin acusan a la magistrada de negarse a reunir pruebas que podrían dar luz a la participación de los policías de la Bonaerense investigados.

Heim y Azzolin sostienen que Marrón rechazó analizar los celulares de los agentes y no hizo un procedimiento sobre un puesto de vigilancia policial en Teniente Origone. En esa zona se encontró el amuleto de Facundo, el cual es “clave porque pone a la policía en la situación de explicar dónde lo vieron a Facundo” explicó a El Canciller, tiempo atrás, Margarita Jarque, la abogada querellante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Ante la resolución de la jueza, los fiscales apelaron y será el turno de la Cámara Federal de Bahía Blanca para resolver el recurso de apelación.

La participación de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal se sumó tras los cuestionamientos de la familia por cómo investigaba la jueza y el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez. Este último pidió que trabajen también en la investigación Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).

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La magistrada acusó a los fiscales de solicitar medias de prueba incoherentes. A su vez, les pidió que logren una conclusión sobre lo que le sucedió a Facundo. Desde su óptica, los fiscales solo buscan comprobar la responsabilidad de la Bonaerense y no buscar la verdad.

La resolución dictada por la jueza, el 15 de septiembre, hace lugar al pedido de que un policía que interceptó a Facundo el día que desapareció entregue una libreta en la que registró sus datos personales.

Asimismo, Marrón dio luz a la solicitud de requerirle a la comuna de Villarino el informe de lectoras de patentes. Esta prueba mostrará las imágenes captadas entre el 30 de abril y el 8 de mayo, cerca del puesto fitosanitario sobre la ruta nacional 3.

La jueza Marrón. Foto: CIJ

En el mismo escrito, la magistrada criticó que “la estrategia escogida por los acusadores se asemeja a una auténtica ´excursión de pesca´, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho”. Además, consideró que “disponer medidas probatorias sin que esté claro qué se está buscando, atenta también contra el éxito-validez de la investigación”.

También la resolución sostiene que “el pedido tiene que ser irremediablemente desechado, no puedo habilitar su producción, ya que puede causar un perjuicio indebido, irreparable y prohibido”. Mientras que la magistrada afirmó que las medidas “no pueden implicar violación a valores fundamentales, como la intimidad, la propiedad y la libertad”. Esto último sostuvo Marrón ante el pedido de los fiscales a secuestrar los teléfonos de 50 policías de la región.

Por su parte, la CPM emitió un comunicado en el que calificó de “arbitraria y antojadiza” la interpretación de la prueba por parte de la magistrada. El organismo considera que la postura de Marrón “expresa claramente una temprana valoración que solo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo”.

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“El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables. De este modo se reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país”, destacó Marrón.

Para la magistrada no tienen gran relevancia algunas pruebas que sí son consideradas por los fiscales, como el cabello que podría ser de Facundo hallado en el patrullero de uno de los efectivos. Sobre esta cuestión, la jueza sostiene: “Es posible que haya entrado al móvil mientras el policía hacía la consulta por la infracción a la cuarentena o chequeaba sus datos personales, antecedentes, etcétera, que haya apoyado el carnet de conducir en el asiento del acompañante delantero”.

Asimismo, destacó que la muerte del joven ocurrió en el cangrejal de Villarino Viejo, sin que se detectaran “lesiones vitales, ni se observan signos de intervención de terceros”. Se refirió a la cuestión porque los fiscales quieren que se allane por tercera vez el destacamento de Teniente Origone.

Además, sostuvo que el hecho de que un policía mencionado en el expediente haya borrado el contenido de su celular “no (lo) convierte (….) en sospechoso de un delito ni pone en riesgo su inocencia”.

También se expidió sobre el hallazgo del amuleto y lo cuestiona, el mimo se hizo con un perro adiestrado. “Independientemente de que se acredite que el amuleto era de Facundo, merece un párrafo aparte el origen del hallazgo que -a esta altura de la investigación- pone en duda su legalidad y por ende su validez“, dijo Marrón. Consideró que el período en que el can puede oler rastros humanos superó el lapso.

Para la magistrada, “con excepción del supuesto amuleto encontrado por el perro del perito de parte, no hay otra evidencia, hasta el momento, ni siquiera accidental, que ubique a Facundo en el Puesto de Vigilancia de Origone“.