El desafuero y la posterior prisión preventiva de Julio de Vido fue esgrimida por el Juez Federal Ariel Lijo para enviar a Amado Boudou hacia el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. De esta manera, el accionar judicial contra el exministro de Planificación Federal establece un precedente que acelera las detenciones de funcionarios kirchneristas.

El caso de De Vido

El 17 de octubre, la sala II de la Cámara Federal ordenó el desafuero y la detención de Julio de Vido. El argumento principal era la condición de funcionario del ex ministro kirchnerista ya que a partir de ella podía entorpecer o influir en la investigación.

La historia es conocida: una vez votado el desafuero por la Cámara de Diputados con los votos del oficialismo y distintos sectores de la oposición, De Vido se presentó en Tribunales y quedó detenido ipso facto.

La caída de Boudou

Ariel Lijo, al momento de fundamentar la detención de Amado Boudou, se basó en este antecedente y lo dejó bien claro. "Boudou ejerció el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y posteriormente el de Vicepresidente de la Nación, lo que lo ubicó en las más altas esferas de influencia del poder estatal durante un extenso período”, detalló.

"Boudou ejerció el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación y posteriormente el de Vicepresidente de la Nación, lo que lo ubicó en las más altas esferas de influencia del poder estatal durante un extenso período”

Además, Lijo sostuvo que manejó otras opciones pero que sólo la detención podía garantizar "el recupero de activos”. La influencia que le atribuyó a Boudou se la trasladó a José María Nuñez Carmona, al que señalaron como "persona interpuesta” (alias testaferro).

Tanto Boudou como su abogado, Eduardo Durañona, consideraron que la detención era arbitraria y pidieron que se aparte al juez de la causa y que se dicte una excarcelación. En caso de que Lijo no acepte ninguna de las dos cosas, será la Cámara Federal la que tenga que revisar la situación de Boudou basada en el fallo que ellos mismos dictaron el mes pasado.

Conclusiones

"¿No quedan abarcados todos los ex funcionarios con este fallo de la Cámara?”, se preguntaban en el mundo judicial los que cuestionaban la decisión. La duda era sobre si todos los ex funcionarios o los actuales deben afrontar una prisión preventiva durante la investigación por su condición de tales. El debate está abierto.