Aborto legal: entrega Cambiemos la bomba del costo político a los gobernadores peronistas

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La pelota ahora la tiene la Cámara de Senadores. El Gobierno respiró después de que la votación saliera en favor de la legalización del aborto. Saben que ahora, el costo político de que no se apruebe ya no caerá sobre ellos, sino sobre los caudillos provinciales que tienen influencia dentro del recinto.

En la Casa Rosada se friegan las manos para ver cómo votará la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que durante sus ocho años en el poder -y 12 con mayoría parlamentaría- no permitió que se diera el debate porque estaba en contra. Saben que ahora votará a favor, pero le recordarán su negativa durante más de una decada.

El jefe de los senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, habló con el diario Clarín y dijo que “habrá un efecto imparable y la ley va a salir del Senado. Tengo confianza en que la ley va a salir”. El rionegrino siempre se manifestó a favor de que se aprobara la ley.

Rápido de reflejos salió a tranquilizar, ya que por lo bajo se habla de que la Cámara Alta es un recinto más conservador. “No habrá un debate muy largo, creo que con dos o tres semanas de tratamiento ya se podría votar”, señaló.

Pichetto: “No habrá un debate muy largo, hay un efecto imparable y tengo confianza en que la ley va a salir del Senado”.

La presidente de la Cámara, Gabriela Michetti, está en contra de la legalización del aborto. Y es acompañada por los senadores de las providencias del norte del país que en su mayoría no quieren que se apruebe. Otro hombre fuerte que está en contra es Federico Pinedo. El debate se pronostica arduo y de muchas idas y vueltas.

Otro de los que se manifestó, pero a favor de la ley, fue el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, quien aseguró, también al diario Clarín, que “el Senado tiene que hacerse cargo de la demanda ciudadana y legislar realidades”. Y agregó: “El aborto no es una cuestión de fe, sino de salud pública”.

Pese al mal panorama económico, la media sanción de Diputados fue una buena noticia para el Gobierno: ahora saben que el peso de que la ley no se apruebe ya no caerá sobre el Presidente, sino sobre los gobernadores que tienen influencia directa sobre la Cámara Alta. Y la mayoría de esos gobernadores son peronistas.