Después de las diversas repercusiones que generó la denuncia de homofobia, publicada en El Canciller, hacia un alumno de cuarto año del colegio Santa María, en Salta, y su resolución de no admitir en 2019 a cuatro compañeros que se solidarizaron con él, el Ministerio de Educación provincial consideró que se incurrió en un "acto de discriminación" y sancionó a la institución. 

Ocurre que, la titular de la cartera de Educación, Analía Berruezo, firmó una resolución en la cual se dispone que las autoridades del colegio Santa María implementen a partir del 2019 "un programa de capacitación en Derechos Humanos con especial énfasis en el principio de igualdad y no discriminación dirigido a directores, personal jerárquico, tutores y docentes, cuya ejecución deberá ser supervisada por la Dirección General de Educación Privada".

Por otra parte, ordena a la institución que en el plazo de cinco días hábiles adopten las medidas necesarias para garantizar la rematriculación de los alumnos sancionados o, a opción, a conceder el respectivo pase a otra unidad educativa.

A su vez, el colegio también recibió una sanción económica por el grave caso de homofobia: deberá pagar una multa equivalente a diez veces el arancel mensual abonado por alumno.

La resolución también menciona la presentación de la familia del adolescente, que indica que “la afectación al derecho del menor, como de toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, a gozar de su privacidad, sin injerencias arbitrarias e ilegales, resulta escandalosa si se tiene en cuenta que era solo un niño de 16 años…interpelado por adultos -tutor primero, directivos del colegio después-, en un contexto disciplinar dentro de la misma institución educativa”.

Agrega que “es evidente la escandalosa falta de respeto y el descuido del menor, quienes a la sazón, lo tenían a su cargo, de allí, que más allá de la discriminación y homofobia institucional, del abuso de autoridad, lamentablemente, hubo una ausencia de las calidades de personas de los directivos”.

En la argumentación de la resolución, el Ministerio de Educación cita La Ley de Educación; el Régimen de Incorporación Para Establecimientos Educativos Públicos de Gestión Privada; la Constitución Provincial y Nacional; la Ley de Protección Integral de la Niñez, los fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

El hecho tuvo repercusión en medios internacionales. En Salta a modo de repudio, días atrás grupos de colectivos LGBT realizaron un "pulserazo" solicitando la implementaciòn de la ESI (Educación Sexual Integral).

Resolucion Nº 10202-Minist. de Edu. by Gabriel Had D'Ippolito on Scribd

El caso

Santiago Coraita, de 16 años, relató que directivos lo citaron para pedirle que no usara una pulsera que simboliza la lucha por los derechos de la comunidad LGBT porque "afectaba los valores del colegio". La reunión se tornó "coercitiva y violenta" y además indagaron en aspectos de su vida privada, según describió el padre, Jorge Coraita.

Al enterarse de lo ocurrido, cuatro compañeros hicieron publicaciones en las redes sociales para defender a Santiago. En una de las imágenes se ve un símbolo del colegio y una señal de fuck you. A los que participaron de esta iniciativa les comunicaron que no podrían seguir en el colegio el año que viene.

Los directivos de la institución argumentaron que ejercieron el "derecho de admisión" por considerar que los estudiantes cometieron "una falta grave contra la institución al subir a las redes una foto con un gesto obsceno hacia el escudo del colegio y, por ende, al ideario institucional, junto a un insulto agraviante".