La ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, desistieron de participar de la reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad (“Comisión Interpoderes”), convocada por el titular de la Corte Suprema.

Para el jueves 8 de octubre estaba previsto un encuentro donde el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, volvería a encontrarse con representantes del gobierno luego de la aceptación del máximo Tribunal del per saltum de los camaristas desplazados y del pedido de juicio político en su contra por parte de Vanesa Siley.

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Pero finalmente, los integrantes del Ejecutivo rechazaron participar de la Comisión Interpoderes a través de una carta abierta firmada por Marcela Losardo y Horacio Pietragalla.

Allí, los funcionarios calificaron la convocatoria como "oportunista" y advirtieron que "no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado".

Este nuevo episodio de confrontación entre el Ejecutivo y Rosenkrantz ocurre luego del revés por la aceptación del máximo Tribunal del per saltum de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y que la cabeza del Poder Judicial definirá el martes próximo. También se había sumado una polémica adicional por el pedido de juicio político de la diputada Vanesa Siley al titular de la Corte que desde el gobierno intentaron minimizar.

La carta completa firmada por la Ministra de Justicia y el Secretario de Derechos Humanos a Carlos Rosenkrantz:

Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Dr. Carlos Rosenkrantz

Nos dirigimos a Ud. respetuosamente para declinar su invitación a la próxima reunión de la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad (“Comisión Interpoderes”). A criterio de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional convocados, no están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado.

En efecto, la Comisión Interpoderes —creada por la Acordada de la Corte Suprema N° 42/08— era el ámbito en el que los tres poderes del Estado debían coordinar, de manera periódica, las acciones para llevar adelante el proceso de juzgamiento de los responsables de los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado. Desde que se reunió por primera vez en julio de 2010, y mientras mantuvo reuniones periódicas —al menos hasta 2013—, la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verdad y Justicia y el Ministerio de Justicia colaboraron activamente para articular las medidas que estuvieran a disposición del Poder Ejecutivo que permitieran agilizar la marcha de estos juicios.

Sin embargo, a partir de la última reunión realizada —el 23 de septiembre de 2016—, el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso. En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos —que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia—, no deja de resultar oportunista.

Es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia. Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas —muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años— implica necesariamente la consolidación de la “impunidad biológica”: los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación.

En este contexto, la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería ser categórica. Una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal de nuestro país medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos.

El proceso de memoria, verdad y justicia necesita una Corte Suprema realmente comprometida; que, por ejemplo, resuelva cuanto antes las decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años, como la de la “Masacre de Trelew”; la de la “Masacre de Capilla del Rosario”; o la de “Feced II”. A pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho, el tribunal tampoco ha dictado sentencia en la causa conocida como “La Noche del Apagón”, en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma.

El mensaje de la Corte Suprema debería ser contundente, de modo de alcanzar a ser oído por todos aquellos juzgados y tribunales del país que deben avanzar sin más demora en el centenar de causas aún en etapa de instrucción y de debate; para que las audiencias, por ejemplo, se celebren con mayor frecuencia; para que se rechacen los planteos claramente dilatorios; para que se definan criterios de prioridad entre las causas; o para que se resuelvan los recursos pendientes ante las Cámaras de Apelación o de Casación Federal.

Desde el Poder Ejecutivo Nacional declinamos entonces la invitación a esta convocatoria de la Comisión Interpoderes. No obstante lo cual, reiteramos nuestro absoluto compromiso para seguir trabajando de manera mancomunada, junto al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa, al Consejo de la Magistratura, y junto a los organismos de derechos humanos, para cumplir con el deber inexcusable que recae en el Estado en su conjunto.

Una verdadera política de Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad requiere el compromiso de todas y todos.

Saludan a Ud. atte.,

Marcela Losardo

Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Horacio Pietragalla Corti

Secretario de Derechos Humanos