De la mano de Sergio Massa, el oficialismo presentó un proyecto que fija un nuevo piso de $150 mil de remuneración mensual en bruto para empezar a pagar el impuesto a las Ganancias. Además, solo se verán afectados los jubilados que superen los ocho haberes mínimos garantizados (actualmente $152.280). De aprobarse en el Congreso, la ley beneficiaría a 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país: más de 1.250.000 de trabajadores. 

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El objetivo de la propuesta que entró el viernes a Diputados con la firma del presidente de la Cámara es consolidar un esquema progresivo de impuestos en el que solo pagarían Ganancias el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y jubilaciones de privilegio. Para fines del año 2020, el tributo afectaba a unas 2,3 millones de personas.

El Gobierno quiere hacer del 2021 el año de la recuperación económica y, ante el escenario adverso de la pandemia, la modificación de Ganancias es una de las medidas para aliviar el bolsillo de la clase media trabajadora. "Sacarle este impuesto a más de 1 millón 250 mil personas es mejorarles la capacidad de compra y recuperar el ingreso", explicó Massa. 

Además, el proyecto está orientado a "administrar el esfuerzo fiscal, orientándolo a los que destinan mayor parte de sus ingresos al consumo". El líder del Frente Renovador remarcó la importancia de que la ley sea justa y progresiva: "Hoy paga más en proporción a su ingreso de ganancias una enfermera o un barrendero que una empresa minera o un bingo".

Los números por sector

La cantidad de trabajadores a lo largo del país que dejarían de pagar serían: 178 mil (58%) de la industria manufacturera; 133 mil (65%) del transporte, logística y almacenamiento; casi 106 mil (74%) de comercio mayorista y minorista; 48 mil (46%) del sector financiero y casi 27 mil (54%) del rubro de la construcción.

ARCHIVO. Alberto Fernández y Sergio Massa, de recorrida por una fábrica textil

Los números en el país

En su carácter federal, el beneficio alcanzaría a trabajadores y jubilados de todo el territorio, destacándose los casos de la provincia de Buenos Aires (569 mil empleados y jubilados dejarían de pagar el impuesto), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (157 mil), Córdoba (103 mil), Santa Fe (98 mil) y Tucumán (30 mil).