En el caso de la CTA, en un proceso iniciado en 2018 la cartera laboral había declarado la "ineficacia de las convocatorias electorales" formuladas por los sindicalistas Pablo Micheli y Ricardo Hugo Peidro.

Además, dispuso la "prórroga de autoridades" del mandato anterior e impulsó "un nuevo y único proceso electoral".

La decisión fue revertida por la Cámara Laboral, que señaló que "la autoridad administrativa del trabajo no formaba parte del proceso por tratarse de una controversia intrasindical".

El caso escaló hasta la Corte, que en fallo unánime rechazó el planteo del Ministerio por razones procesales, pues "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".