Si bien el ministro de Seguridad, Sergio Berni, había solicitado ayer una prórroga hasta el lunes, la justicia rechazó el pedido y en las primeras horas de este jueves, más de 4 mil efectivos de la Bonaerense acompañados por helicópteros pasadas las 6:00 iniciaron el avance sobre los cuatro barrios que conformaban la toma. A las 4:00 ya se había cortado la electricidad en el predio y para las 7:00, las fuerzas de seguridad ya tenían el control de la zona, aunque los choques en zonas aledañas entre infantería y manifestantes se extendió durante algunas horas.

El operativo sobre la toma de más de 100 hectáreas que involucraba a entre 1.000 y 1.400 ocupantes y se extendía desde el 20 de julio, fue encabezado en persona por el funcionario.

Hubo corridas, piedrazos y Policía disparó "balas de goma" y gases lacrimógenos, en medio de pequeños incendios. Los ocupantes denunciaron que los agentes quemaron las casillas levantadas en el predio en medio del operativo de desalojo. Tras despejar la zona, el gobierno pasó con topadoras para sacar las precarias construcciones de los usurpadores.

La fecha límite para el operativo de desalojo era este viernes 30, pero el Gobierno -tras despistar con el pedido de prórroga- inició el procedimiento esta mañana, luego de agrupar a los efectivos en La Plata y trasladarlos hasta el lugar en la madrugada.

Un sector de los ocupantes denuncian que el gobierno bonaerense había alcanzado un acuerdo con ellos durante el día de ayer pero, posteriormente, se retiró en forma unilateral de la negociación y procedió al desalojo violento.

En tanto, desde Juntos por el Cambio, ante los rumores que indicaban un entendimiento entre el Ejecutivo y las personas que permanecían en Guernica, habían cuestionado la entrega de subsidios por 50 mil pesos a los ocupantes.

Luego del desalojo, organizaciones de izquierda y movimientos sociales realizaron cortes y protestas en distintos puntos de capital y provincia y convocaron una movilización a Plaza de Mayo. En paralelo a esta situación, la Justicia de Entre Ríos determinó el desalojo de la ocupación de militantes ligados a Juan Grabois en un campo de la familia Etchevehere.