Denunciar irregularidades tiene consecuencias. Y si se trata de países con altos niveles de corrupción y delincuencia, ejercer el periodismo puede costar la vida.

Esta semana, cuatro periodistas venezolanos tuvieron que huir de su país tras ser denunciados por difamación e injurias agravadas, un delito que se pena con dos a seis años de prisión. El empresario colombiano Alex Saab acusó a Joseph Poliszuk, Roberto Deniz, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, redactores y editores del portal Armando.info, a causa de una investigación publicada en el sitio en donde revelan irregularidades en la importación de alimentos para las canastas básicas.

Saab es el principal contratista del gobierno de Nicolás Maduro en este ámbito y se encarga de ingresar a Venezuela los alimentos necesarios para la entrega de las bolsas comunitarias. El artículo "De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro", publicado en septiembre del año pasado, denunciaba irregularidades en la importación que incluso involucrarían al propio presidente Maduro con Group Gran Limited, que tuvo contratos con el Estado venezolano valorados en 120 millones de dólares.

Según explicó en un comunicado el Instituto de Prensa y Sociedad, "en tiempo récord, los tribunales de Caracas engranaron la maquinaria judicial para silenciar las denuncias de corrupción por la importación de alimentos y admitir la demanda número 31 (contra 40 periodistas o directivos de medios) por difamación e injuria que se dio en Venezuela entre 2002 y 2017".

Ampliar contenido

La investigación policial sugiere que el crimen puede haber sido orquestado por un funcionario local afectado por las críticas públicas que realizaba Montenegro en su cuenta de YouTube El Sillón TV.

Las ciudad de Acapulco está dominada por las bandas delictivas derivadas del narcotráfico y las fuerzas de seguridad conocen quiénes son los integrantes de los distintos grupos. Sin embargo, la violencia sigue su curso y no se evitan este tipo de delitos.