En medio de un escándalo provincial por la aplicación del protocolo ILE a una niña de 12 años que fue violada en Jujuy, la diputada nacional de la UCR Gabriela Burgos se presentó en el hospital donde se encuentra internada la nena, para oponerse a que se le practique el aborto, en contra de lo que dice la ley y vulnerando el derecho de la menor.

Hace una semana, Norma Mamaní Gareca llevó a su hija de 12 años al hospital porque tenía dolores de panza. Ahí, los médicos descubrieron que la niña estaba embarazada de 23 semanas, producto de un abuso por parte de un vecino de 58 años.

Tras la denuncia, la familia solicitó el acceso a un aborto seguro, acción avalada por el artículo 86 del Código Penal y el fallo F.A.L. dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2012.

Sus derechos se vieron vulnerados por el sistema médico, cuando desde el Hospital de San Pedro y luego el Hospital Materno Infantil Quintana, se negaron a practicarle en el momento la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tal como obliga la ley para estos casos.

Frente a esto, varios grupos antiderechos, entre los que se econtraba la legisladora que responde al gobernador Gerardo Morales, se acercaron a las inmediaciones del lugar para dilatar la espera de la menor y ejercer presión sobre los profesionales, lo que representa para Stella Manzano, especialista en Tocoginecología y Medicina Legal, y médica del fallo F.A.L., una maniobra de tortura.

Este accionar de Burgos es coherente con su intervención en el recinto de la Cámara de Diputados el año pasado, cuando se negó a la aprobación de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito.

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En 2013, Jujuy se adhirió a la normativa ILE y en 2018 a un protocolo específico del ex Ministerio de Salud de la Nación, para el abordaje de embarazos en niñas menores de 15 años, donde se aclara el enorme riesgo de complicaciones físicas que representa el embarazo a tan temprana edad.

En este caso, debería haber sido intervenida en un primer momento, sin la necesidad de consulta judicial.

No obstante, el director del hospital de San Pedro, la directora del hospital Materno Infantil, funcionarios del Ministerio de Salud provincial e incluso la diputada Burgos, continúan debatiendo si es correcta o no la práctica desde el punto de vista moral, mientras la vida de la menor está en juego y crece su desesperación y la de su familia. 

A pesar de que Burgos asegura en privado que se trata de una campaña política con fines políticos en su contra, durante su aparición pública junto a grupos "provida", afirmó que se acercó al lugar para manifestar su apoyo a la junta médica “porque los médicos son los profesionales que van a tener que decidir en este caso”, poniendo en cuestionamiento lo que establece la ley.