Empeora la situación del clan Moyano después de las amenazas de un paro contra la reforma laboral
Gris. El panorama judicial de Hugo Moyano no parece mejorar sino lo contrario después de algunas semanas de calma. A los allanamientos de la semana pasada en varias financieras que estarían vinculados con el presidente de Independiente, ahora otro juez decidió allanar la sede del "Rojo" y pedir documentación a la AFA y a Futbolistas Argentinos Agremiados en la causa por lavado de dinero.
La orden la dio hoy Luis Armella, juez federal de Quilmes. Es una de las medidas que había reclamado la fiscal Silvia Cavallo cuando imputó por lavado a Moyano, a su hijo Pablo y al secretario general del club, Héctor Maldonado.
Esta causa nació después de las declaraciones de Pablo "Bebote" Álvarez, preso en un expediente por extorsión, amenazas y manejos dentro de la barra de Independiente. Bebote está enfrentado hace tiempo a Moyano y en su declaración lo señaló como responsable de una estructura de lavado en la cual se utilizaba dinero del club y de los pases de jugadores.
La documentación pedida a la AFA y secuestrada en Independiente apunta a corroborar si, como dijo el barra, Moyano montó una estructura ilegal.
Mientras tanto, el juez Pablo Yardarola analiza lo conseguido en los allanamientos de la semana pasada. Su investigación está orientada a dilucidar "maniobras de intermediación financiera no autorizadas" en las financieras. La sospecha es que serían "cuevas" cuya función sería lavar dinero.
También en el fuero penal económico está la denuncia que hizo la PROCELAC en base a un reporte de la UIF. El eje allí está en la relación entre Patricio Farcuh (OCA) y Moyano. Giros y transferencias sospechosas (ente ellas, una donación de la empresa de correos a la Mutual de Camioneros por más de seis millones de pesos) llevaron a que el juez Rafael Caputo ordenara levantar el secreto bancario del dirigente gremial la semana pasada.
Los movimientos en las causas judiciales de Moyano coinciden con el mensaje que Pablo Moyano dejó de un posible paro general si el Gobierno decide avanzar con la reforma laboral.