Mientras Hugo Moyano esté sobre el escenario montado en 9 de Julio y Belgrano, en varias oficinas de funcionarios y cercanos al Gobierno de Cambiemos pensarán en todas las causas que acechan al camionero.

El Gobierno, en su lucha contra el sindicalismo, apuntó contra Moyano y, a través de la UIF, se encargó de revitalizar algunos expedientes que estaban en la justicia y engordar otras investigaciones.

En la justicia provincial, el mismo juez que investiga a Bebote Álvarez fue quién amplió el expediente para que se determine si Hugo y Pablo Moyano, desde la cúpula de Independiente, participaron de una asociación ilícita con el barra. También, hay otra causa por lavado pero ya en la justicia federal.

A fines de diciembre, el juez Nestor Barral decidió levantar el secreto bancario y fiscal de Moyano y su entorno en la investigación por dos propiedades en Parque Leloir. La decisión se conoció una semana antes del 21F. Esta medida no es sorpresiva ni extraña en estes tipo de causas pero fue mostrada por muchos como un avance contra el líder sindical.

Ya más cerca de Retiro, en Comodoro Py, Graciela Ocaña sigue engrosando el expediente que tiene hace muchos años Claudio Bonadio. Ahí, lo que sostiene la Hormiguita es que hubo una "ingeniería empresarial” para que fondos del sindicato y la obra social de Camioneros terminaran en las empresas del grupo familiar de líder sindical.

La causa que impulsó el conflicto fue el enfrentamiento por OCA, la situación empresarial y el vínculo con Camioneros. La pelea con el Gobierno hizo que todo termine en una denuncia penal en Penal Económico por evasión impositiva y lavado de activos.