"Chicos no se cuenta nada de esto a nadie." El mensaje de Ciro Pertossi al grupo que compartían con sus amigos fue para la fiscal una de las claves que sostuvo su pedido de prisión preventiva para ocho de los diez involucrados en el homicidio de Fernando Báez Sosa. Para la funcionaria Verónica Zamboni, todos ellos deben ser investigados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”, que en el caso de llegar a un juicio oral y a una condena tiene una pena de prisión perpetua.

En el requerimiento de prisión preventiva que firmó este lunes la fiscal se analizó en detalle los testimonios de los amigos de Fernando; de las personas que pudieron observar algo del ataque y de las ruedas de reconocimiento que se realizaron en la causa. De allí, se establecieron coincidencias que, a su vez, fueron comparadas con las distintas cámaras de seguridad aportadas a la investigación.

La otra rama clave del expediente fue el peritaje de los celulares secuestrados. De allí salió el análisis de los WhatsApp que intercambiaron esa madrugada y el video que filmó Lucas Pertossi con el ataque a Fernando. Justamente él fue quién mandó, a las 4:55, un aviso a sus amigos: "Estoy acá, cerca de donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, llamaron a la ambulancia... caduco".

Situación judicial e inquietud sobre posibles estrategias

Para la fiscal, no hay dudas de cómo se llevó adelante la golpiza. Consideró que los (por ahora) ocho involucrados tuvieron intención de matar a Fernando aunque clasificó su participación en el homicidio de manera distinta. Por un lado, Máximo Thomsen y Ciro Pertossi fueron considerados “co-autores” del asesinato, lo que significa que participaron de manera directa. A Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz los marcó como “partícipes necesarios”, es decir, que brindaron un aporte fundamental para que la muerte se lleve a cabo.

El “concurso premeditado” es una figura donde se tiene en cuenta no sólo la cantidad de personas que participaron del homicidio sino también la planificación que tuvieron para llevarlo a cabo. Esta cuestión también es clave: para la fiscal, el ataque que perpetraron contra Fernando fue planificado y existió una distribución de los roles. Unos pegaba, otros custodiaban la situación. Cabe aclarar que los co-autores y los partícipes necesarios tienen la misma pena prevista en el Código Penal. No hay diferenciación allí: si la habría en caso de que alguno fuera considerado partícipe secundario, un escalón por debajo en la línea de responsabilidades.

rueda de r
rueda de r

“Los imputados se fugaron de la escena del crimen, pretendiendo la impunidad del hecho, lo que no hace más que reafirmar la necesidad de que pesen medidas de coerción respecto a los mismos”, escribió la fiscal Zamboni. Las prisiones preventivas ratificadas podrían derivar en un traslado a una cárcel más cercana a la localidad de Zárate, lugar de donde son los acusados. Esta ratificación es un paso necesario en el camino al juicio oral, más si se tiene en cuenta que en la justicia provincial de la provincia de Buenos Aires no existe la figura de procesamiento.

Con respecto a los dos rugbiers que fueron liberados esta tarde, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, seguirán investigados porque las pruebas que hay hasta ahora en la causa no permiten incriminarlos totalmente ni desvincularlos. En el caso de Milanesi, la Fiscalía marcó que no tiene elementos ahora que lo puedan ubicar en el lugar de la agresión: nadie lo identificó en las ruedas de reconocimiento. El chico tiene unas lesiones en sus manos pero aún está pendiente el estudio de ADN que podría incriminarlo o desvincularlo. A Guarino tampoco pudieron identificarlo como agresor ni se lo ve en las filmaciones que se tienen hasta ahora como uno de los que golpea a Fernando.

A partir de la decisión de la fiscal, se abren diversos caminos en la causa. Los imputados se negaron a declarar sobre el caso cuando fueron apresados aunque se deslizó la posibilidad de que lo hicieran si finalmente se encontraban pruebas contundentes en su contra. La situación de los dos liberados podría trazar una diferencia clave: las palabras de ambos podrían ayudar a entender completamente la mecánica del ataque y, a su vez, podrían quedar afuera de la causa de manera definitiva.

De todas formas, las palabras de los imputados son analizadas siempre bajo escepticismo judicial: las personas que son acusadas de un delito no tienen la obligación de decir la verdad en pos de defenderse. Para la Fiscalía, será clave si alguno decide romper lo que ella denominó como “pacto de silencio”. Cualquier aporte que hagan, por supuesto, deberá ser cotejado con otras evidencias de la causa. Ni los aportes ni las pruebas son aislados, siempre se analizan y se comparan con todas las evidencias.

Foto NA: MARCELO CAPECE.
Foto NA: MARCELO CAPECE.

Por otra parte, la familia de Fernando sostiene que los diez implicados deberían ir a juicio, aunque aclararon que no les interesa que haya inocentes que estén presos. Para los abogados del estudio de Fernando Burlando, es peligroso que se libere a dos personas porque pueden fugarse justamente por que no están libres de sospechas. Insistirán también en dos aspectos en los que la Fiscalía no ahondó: la alevosía y el “matar por placer”. La estrategia de la querella puede no coincidir con la acusación pública y no sería la primera vez que una causa llegase a juicio con puntos de vista algo distintos sobre un mismo hecho.

Si bien la causa tiene hasta ahora un conjunto de pruebas bastante abundante, aún falta que incorporen más datos de los peritajes de videos y los cotejos de ADN de las lesiones que tienen los involucrados. La otra prueba fundamental es el peritaje scopométrico: un análisis de la huella de zapatilla que tenía la víctima en la cara y que será comparada de manera integral con los calzados que le secuestraron a los diez imputados.