El rechazo a las medidas de la Venezuela de Nicolás Maduro por parte de los países de América continúa. Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Cadaná, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú expresaron, a través de un comunicado, su condena a las decisiones del gobierno de Maduro, así como las del Tribunal Supremo de Justicia venezolano.

Al mismo tiempo, Nicolás Maduro avanza contra sus adversarios. El régimen de Venezuela actúa en dos planos: a través del Tribunal Supremo de Justicia está intentando que la Asamblea Nacional Constituyente retire el fuero parlamentario del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y le impida salir del país. 

Sin embargo, el partido de Guevara, Voluntad Popular, dijo en un comunicado que la Constituyente no está facultada para levantar el fuero del diputado porque es ilegal. 

Entre abril y agosto la oposición se manifestó en las calles para pedir la dimisión del presidente Maduro, con Guevara como uno de sus mariscales. La protesta no tuvo el éxito deseado, pero la represión ejercida por la policía y la posterior modificación de la Constitución, provocaron que los países de América y Europa calificaran a Venezuela como una dictadura.

El comunicado

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y el Perú expresamos nuestra enérgica condena a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria del Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, a quien adicionalmente se le ha prohibido salir de dicho país".

La decisión adoptada por el TSJ constituye un nuevo atentado contra el Estado de Derecho y la división de poderes en Venezuela, e impide el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional legítimamente constituida, a través del voto popular. 

El Grupo de Lima reitera que no reconoce ninguno de los actos de la asambea nacional constituyente.

Al ratificar nuestro pleno apoyo a la Asamblea Nacional, reiteramos al Gobierno de Venezuela su obligación de respetar la Constitución y la integridad del poder legislativo.