Aníbal Fernández, Scioli y Casal: los nombres de la política en la mira de la Justicia por la Triple Fuga
Con la mira puesta en la posible responsabilidad política del caso, el juez Juan José Ruiz (del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata) condenó hoy a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Víctor Schillaci a siete años y medio de prisión por la fuga de la Unidad Penitenciaria 30 de General Alvear, en diciembre de 2015.
Para el juez, que dirigió el debate de manera unipersonal, la fuga no se podría haber dado jamás "sin la complicidad de las más altas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense". Es por ello que, entre otras cosas, consideró que hubo una responsabilidad política que involucraría a Aníbal Fernández y a Daniel Scioli.
En la resolución que leyó esta mañana, ordenó que se le envíe al Procurador de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand toda la información que se conoció en el juicio para que se investigue la responsabilidad de Scioli, de Aníbal Fernández y de Ricardo Casal. Manifestó, en ese sentido, que los tres acusados revelaron un entramado por parte de las autoridades que permitió el escape.
Fundamentó la decisión en base a "la obligación legal que pesa sobre todo funcionario público de denunciar todo delito que conozcan en el ejercicio de sus funciones" y por el pedido de los imputados y sus abogados. La situación incluye al ex director del Renar Andrés Meiszner; al abogado y ex asesor de la Municipalidad de Quilmes Antonio Solivaret; a Florencia Piernarini, ex jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense; a Carlos Russo (ex director de Asistencia y Tratamiento del SPB); a Cesar Albarracín, ex secretario de política criminal del Ministerio de Justicia; y a varios integrantes de Unidad 30 de General Alvear.
No obstante este panorama, también interpretó que los tres imputados podían afrontar el peligro al que estaban sometidos de otra manera que no fuera la fuga. Por ello es que los condenó por los delitos que cometieron en pos de escapar del penal.
Hay que recordar que los tres fueron condenados a prisión perpetua por ser los ejecutores del triple Crimen de General Rodríguez, ocurrido en 2008. Tienen pendiente, además, el debate por la tentativa de homicidio contras dos policías a los que les dispararon el 31 de diciembre de 2015 y que tuvieron graves heridas y secuelas. También tienen abierta una causa en Santa Fe por dos tiroteos protagonizados en la provincia y por robo.
