Durante el último encuentro del Consejo Económico y Social (CES), su presidente, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación Gustavo Beliz, anunció un “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet”, con el objetivo de potenciar “la calidad del debate público”, erradicar el discurso del odio y de dejar de “intoxicar el espíritu de la democracia”. La iniciativa cosechó un fuerte repudio tanto de la oposición, que la calificó de “inaceptable e inconstitucional” como de algunos dirigentes del mismo oficialismo.

La idea fundamental del proyecto coordinado por la consejera Marita Carballo –y que cuenta con la colaboración de CIPPEC– es la de delimitar una “responsabilidad compartida” entre “el sistema político argentino, las empresas de medios de comunicación, los periodistas y comunicadores, las plataformas de contenidos digitales y las empresas verificadoras de contenido” para la lucha contra la desinformación. Según reza el documento provisorio, los firmantes se comprometerían, por ejemplo, a "no producir ni infundir por ningún medio discursos que supongan o impliquen negar o justificar los delitos de genocidios, lesa humanidad, o crímenes de guerra”.

El debate por la libertad de expresión

Horacio Rodríguez Larreta se calzó nuevamente el traje de halcón y fue uno de los primeros en repudiar la propuesta. “La mejor manera de no intoxicar el espíritu de nuestra democracia es respetando la libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional”, tuiteó el jefe de Gobierno porteño. No fue el único en la oposición, pero tampoco en el amplio arco político. Cecilia Moreau, vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, también hizo lo propio. "Me dio vergüenza escucharlo a Beliz hablar de internet y el uso de las redes. Dio la impresión de estar desconectado de la realidad”, apuntó la dirigente cercana a Sergio Massa.

“Lo que erosiona la democracia es que un jefe de gobierno instale noticias falsas”, le respondió a Rodríguez Larreta la portavoz oficial Gabriela Cerruti. Con un tono más calmo, Beliz argumentó su Acuerdo en una nota en el diario Perfil. “No significa ni un intento de regular las redes sociales, ni un intento de vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional”, fundamentó el funcionario nacional.

¿Sirve?

Lo cierto es que la iniciativa anunciada por el secretario de Asuntos Estratégicos no salió de un repollo. Su redacción se elabora en estos momentos a partir de una serie de encuentros que se desarrollaron entre octubre y noviembre de 2021, los “Foros abiertos sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación”, donde participaron representantes de más de 57 universidades nacionales, públicas y privadas; y 25 asociaciones civiles. Además, se basa en tratados internacionales de Derechos Humanos, la Recomendación de la UE 2018/334, y el “Pacto por la Información y la Democracia”, impulsado por Francia y Alemania, al cual Argentina adhirió el año pasado.

Sin embargo, algunos académicos señalan la insuficiencia de la medida para solucionar lo que pretende. En otras palabras, que no alcanza. Es el caso del doctor en Ciencias Sociales Agustín Espada, quien conversó con El Canciller y sostuvo que el Acuerdo Beliz “no es la solución”. A su vez, agregó: “La trayectoria de la Argentina en materia de pactos y compromisos de comunicación no ha demostrado gran utilidad”. Para el investigador del Centro ICEP de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), “sería mucho mejor que el Ejecutivo discuta algo un poco más concreto”, como una “regulación efectiva de plataformas digitales”. Sobre esto, explicó: “Hay que regular más las condiciones del debate que el contenido en las redes sociales. No de la expresión en ellas, pero sí de qué se puede hacer y qué no”.

Agustín Espada, Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Director de la Maestría en Industrias Culturales (UNQ).

Las críticas de la oposición se perfilan frente a lo que ellos consideran –en palabras del expresidente Mauricio Macri– un acto de “censura y vigilancia”. Pero además, su repudio pasa por una presunta “inconstitucionalidad”. Espada desmintió ello y recordó que el pacto “es voluntario, no obligatorio”. Asimismo, planteó que a diferencia de la oposición, él “criticaría a Beliz por timorato”. “Necesitamos avanzar en discutir qué hacer con las redes sociales, pero desde un marco regulatorio, no desde el voluntarismo”, precisó.

Sin látigo ni zanahoria

El compromiso que el Gobierno busca firmar entre los distintos actores involucrados, justamente, no prevé sanciones. Nada garantiza que los adherentes cumplan después. ¿Debería haberlas? “Depende –respondió Espada–. Si alguien publica información falsa, no. Condicionar a una publicación a su veracidad puede producir más daño que descartar aquellos mensajes realmente falsos”.

Una de las cuestiones de la propuesta de Beliz que sí destacó el investigador ante este medio tiene que ver con que no todo está puesto en la regulación del contenido, “sino en formarnos nosotros respecto a cómo tener un uso crítico de las redes sociales, para ser usuarios más responsables”. Para ilustrarlo, Espada explicó: “No tanto con el látigo y la zanahoria, sino a través de la comprensión”.