Cuando el oficialismo ya había asegurado el quórum en la maratónica sesión en la que se trató –entre otros temas– la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y las empresas más importantes del sector de la alimentación nucleadas en la Coordinadora de la Industria de Productos Alimenticios (COPAL) y en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) se dieron cuenta que ya no podrían evitar ni retrasar más su aprobación, el poder del lobby se redireccionó hacia la reglamentación.

El documento aprobado con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, establece que una vez promulgada la normativa en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispone de 90 días para reglamentar la ley. Finalizado ese plazo, las PyMEs tendrán un año para adecuarse y las grandes compañías y multinacionales seis meses. En el caso de las productoras que inicien un proceso de readaptación de los nutrientes de sus productos, la iniciativa prevé dos años extra de adecuación. Las organizaciones civiles que siguieron de cerca la odisea legislativa afirman que la flexibilización de esos plazos será uno de los elementos del embate del lobby empresarial para estirar lo más posible la aplicación efectiva de la norma.

El proceso de reglamentación

El Canciller averiguó cómo será la confección del reglamento que regulará la ley. El Ministerio de Salud (Carla Vizzotti) será la cartera rectora, trabajará en equipo con el Ministerio de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas) y el de Agricultura, Ganadería y Pesca (Julián Domínguez). Después, la Secretaría de Legal y Técnica de Vilma Ibarra recibirá el documento en el tramo final. Desde allí -aseguraron- que el contacto entre todas las áreas es constante.

La vara: el objetivo principal

Según lo estipulado en el proyecto parlamentario, "el incumplimiento de la medida será sancionado según las disposiciones que la Autoridad de Aplicación establezca en la reglamentación". Pero el principal eje que discuten las grandes empresas tiene que ver con la letra chica de la forma en que se medirá si el producto en cuestión está en falta o no.

Mercedes Márquez es integrante de "Consciente Colectivo", una organización de militancia socioambiental juvenil que trabaja por una mayor participación ciudadana en temas de la salud. En conversación con este medio, afirmó: "El punto que más nos interesa defender en la reglamentación es el sistema de perfil de nutrientes de la OPS. Es la vara que indica a partir de cuándo un producto lleva o no el sello de octógonos (negros, que indican los excesos críticos)".

No es algo descabellado: en Chile, Perú, México y Uruguay las estrategias de dilación y tergiversación de la información ejecutadas por las empresas fueron las mismas. En el caso del país limítrofe del Este, tras la aprobación de su ley homóloga, se firmó un decreto para la flexibilización del perfil de nutrientes.

"Distintas empresas quieren tanto flexibilizar el perfil, como quedar exceptuadas. Porque si eso sucede, algunos productos pueden quedar exceptuados de llevar octógonos. En ese caso se estaría vulnerando el derecho a la información, que indica que la información tiene que ser clara, adecuada y veraz", sostuvo Márquez.