La jueza porteña Elena Liberatori suspendió la ley que autorizaba quemar basura en la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia entrará en acción de forma inmediata, por lo que supone un duro revés para el tratamiento de los residuos para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La medida fue dispuesta por un pedido de varias organizaciones de defensa del medio ambiente.

Puntualmente, la magistrada ordenó la suspensión de la Ley Nº 5.966, que autorizaba la incineración de residuos en el AMBA, producto de la acción de amparo colectivo ambiental para exigir la nulidad de dicha ley, que fue firmada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, las Cooperativas El Ceibo, El Álamo, Las Madreselvas y Reciclando Trabajo y Dignidad, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Cooperativa del Sur, la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio del equipo del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

El Gobierno porteño se encuentra ahora en una encrucijada, ya que no sabe qué hacer con la basura y no tiene plazos para pensar un plan B. De todos modos, las autoridades de la Ciudad ya aseguraron que apelarán el fallo de la magistrada, tanto para intentar que se acuerde una salida paulatina, para buscar la nulidad del fallo, o para ganar tiempo para hallar una resolución.

La ley que autorizaba la incineración de residuos fue aprobada en 3 de mayo de este e, inmediatamente después, diferentes organizaciones presentaron una medida cautelar para impedir los cambios que la iniciativa proponía. La ley modificaba a su predecesora, la Nº 1.854, conocida como Ley de Basura Cero. A su vez, la Ordenanza N° 39.025 "Código de Prevención de la Contaminación Ambiental" que prohíbe la instalación de incineradores por parte del GCBA, sufrió alteraciones a raíz del cambio en la legislación.

Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace, sostuvo: "La resolución de la justicia avala  el reclamo colectivo de las organizaciones que exigen la nulidad de una ley fue aprobada con un tratamiento express, sin el debate que requiere la Constitución de la Ciudad. Con esta irresponsable metodología, el Gobierno de la Ciudad buscó evitar el debate público y hacer pasar por alto la habilitación de una tecnología con la que intenta tapar su ineficacia para cumplir la ley de Basura Cero durante los últimos once años”.