La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos falló en contra de la Argentina en una causa vinculada a la estatización de la petrolera YPF. La demanda había sido realizada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía y posteriormente adquirida por Burford Capital, un fondo buitre que compró los derechos para litigar contra nuestro país. De todos modos, el fallo del tribunal de EE. UU. no es ninguna definición del juicio de fondo, sino de su jurisdicción. El gobierno argentino esperaba que el caso pase a los tribunales locales, pero seguirá en manos de la justicia norteamericana.

En sintonía con las resoluciones del fallecido magistrado Thomas Griesa (de la Corte del Distrito Sur de Nueva York), el nuevo fallo sostuvo que la causa seguirá en la justicia norteamericana. De todos modos, al Gobierno todavía le queda una instancia de apelación que, si bien es probable que siente posición en la misma línea que las instancias predecesoras, le permitirá ganar tiempo y estirar el pago que demanda Burford.

La demanda de Burford asciende a US$3 mil millones por una inversión de US$17 millones.

El fondo litigante asegura que, luego de su estatización (la expropiación del 51% de la empresa), el Gobierno debería haber realizado una oferta pública de acciones por el 49% restante de los activos de la compañía petrolífera. "Cuando la Argentina tomó control sobre la participación de 51% en Repsol en YPF mediante expropiación, incurrió en un negocio separado, y estaba obligada a hacer una oferta pública para el resto de las acciones de YPF en circulación", asegura el tribunal estadounidense en consonancia con la demanda. En el mismo sentido, la Corte no dio lugar al pedido de Argentina de dirimir la causa en los tribunales locales y no en EEUU.

Originalmente, la demanda fue presentada por Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que entre 2008 y 2011 llegó a poseer el 25% de las acciones de YPF. En ese primer escrito, las firmas de la familia Eskenazi sostenían que el proceso de compra de la petrolera violó las leyes de oferta pública de los Estados Unidos. Por su parte, la defensa argentina remarcó que, al tratarse de una decisión soberana, no debía cumplir con las reglas tradicionales de una oferta accionaria.

En síntesis, el Gobierno argentino adquirió el 51% de las acciones de YPF con un pago de US$5 mil millones de dólares a Repsol. Como la empresa (hasta entonces controlada por Repsol) estaba en quiebra, y ante la incapacidad de pagar la deuda contraída por los antiguos accionistas mayoritarios, la familia Eskenazi debió vender sus activos a precios irrisorios e iniciar una demanda al Estado.

El Grupo Petersen inició la demanda contra el Gobierno argentino pero vendió los derechos de litigación.

Luego, Burford compró los derechos de litigación de la causa por 17 millones de dólares, lo que desprendió a la familia Petersen del juicio. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el exterior", señaló la firma a través de un comunicado.

El fondo litigante ya vendió el 25% de los derechos comprados por más de USD 100 millones. Se estima que, de ganar el juicio, el Gobierno nacional deberá realizar un pago cercano a los USD 3000 millones, por lo que el fondo buitre podría conseguir ganancias asombrosas con una inversión inicial de USD 17 millones.